Ocho días, y muchos de ellos lluviosos, llevan unas 300 personas acampando dentro del cementerio de autos de Villa Lugano, que controla la Policía Federal Argentina (PFA).
La medida de fuerza se tomó para presionar por el traspasado de tierras a la Ciudad que las distintas administraciones, tanto la encabezada por Aníbal Ibarra y la actual, no han obtenido. En tanto que el Ministerio del Interior, que tiene bajo su mando a la Policía Federal, ni siquiera envió algún funcionario a las audiencias judiciales, en el marco de un amparo iniciado por el asesor tutelar de menores, Gustavo Moreno, contra el Gobierno porteño por no hacer cumplir la ley 1770.
La ausencia de funcionarios nacionales en dos distintas audiencias deja a la luz la contradicción con lo manifestado por el ministro del Interior, Aníbal Fernández, quien se mostró a fines de febrero, en una entrevista con Hebe de Bonafini en el programa "Pariendo sueños" (AM 530), predispuesto a resolver el tema.
Más allá de ello, la ocupación, a dos cuadras de Escalada y avenida Francisco Fernández de la Cruz, desde hace una semana no fue reprimida por la Federal, como sí ocurrió en el mes de septiembre. En diciembre la represión se evitó tras la promesa del funcionario porteño Claudio Freidín, que prometió el traspaso de los terrenos para el 15 de enero.
"Llegamos a un acuerdo. Nosotros no avanzábamos más y ellos no nos desalojaban", comentó a este medio una vecina de Lugano, Sara, que milita en el Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD-Frente Popular Darío Santillán) de Lugano.
Los días en la ocupación fueron pasando sin avances para el traspaso del terreno que ordena la ley 1770 desde el año 2005. Recién el viernes pasado los organizadores de la toma tuvieron un encuentro con el ministro de Planeamiento y Obras Públicas, Juan Pablo Schiavi, el titular del Instituto
de Vivienda de la Ciudad (IVC), Claudio Freidín. "En la misma nos informaron que no pueden resolver nuestras demandas ya que, dicen, ‘el traspaso esta acordado, pero que creen que no ha sido firmado por las elecciones que hay este año, en las que Kirchner (titular del Ejecutivo Nacional) apoya a Daniel Filmus".
El fin de semana y el feriado pasaron sin más novedades que el espionaje de rivales políticos en la toma. La disputa del MTD, que tiene como principal referente a Diosnel Pérez, y la Unión de Trabajadores de Trabajadores y Desocupados (UTOD), entre otros grupos, con el dirigente de la Coordinadora de Villas y Núcleos Habitacional, Marcelo Chancalay, llega a su máxima tensión por la inminente elección en la junta vecinal de villa 20, que los tendrá como rivales.
Al no contar con respuesta alguna, cerca de 250 vecinos de Lugano se acercaron el último martes hasta la sede del IVC y el Gobierno porteño. En las sedes gubernamentales dejaron petitorios para la creación de viviendas transitorias y para que las cooperativas de la zona trabajen en la futura urbanización.
En el Ministerio del Interior el recibimiento de los vecinos no fue el más grato. El área nacional, que dirige Aníbal Fernández, lo que hizo fue montar un impactante operativo que consistió en un vallado metálico sobre la calle 25 de Mayo y un triple cordón de infantería para impedir que los manifestantes llegaran a la sede del Ministerio. "Simplemente nos atendió un portero", reconoció Sara.
PRESIÓN LEGAL
La problemática por el terreno cercano al Jumbo de Lugano también tiene su vía legal.
En diciembre, el titular de la asesoría tutelar de menores N° 1, Gustavo Moreno, radicó un amparo contra el Gobierno de la Ciudad en base a pruebas de la Defensoría del Pueblo (que definió una resolución cuando la titular era Alicia Olivera), IVC, personal del Centro de Salud Nº 18 de la villa 20, el Instituto Pasteur y la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, a través de los departamentos de Salud Pública y de Toxicología. Gracias a ellos Moreno constató que la tierra en disputa y sus napas subterráneas están contaminadas con plomo y metales provenientes de vehículos allí estacionados. Lo que se desconoce es si las tierras hoy ocupadas pueden ser habitadas en un futuro.
El juez porteño Roberto Andrés Gallardo, a cargo de resolver el amparo, dictaminó dos audiencias con todos los involucrados en el amparo. Ningún funcionario del Ministerio del Interior ni efectivo policial se hizo presente ante los dos llamados. Lo acordado entre la Justicia porteña y el Gobierno de Jorge Telerman es suspender toda iniciativa legal y permitir que los Estados, nacional y porteño, negocien el traspaso. Las fuentes judiciales que dieron a conocer la información antes citada desconocen en qué instancias se encuentran los procesos de negociación.
A fines de 2006, Gallardo había ordenado al Gobierno porteño que debía desalojar a la Policía Federal, y realizar un estudio ambiental del terreno y su saneamiento.
