El Gobierno nacional dio luz verde en el mes de abril para que las provincias, los municipios o los privados de la Argentina pudieran salir a comprar vacunas contra el Covid-19 en el mercado internacional. En un contexto de escasez de los distintos productos existentes, la mayoría de los gobernadores argentinos salieron en busca de dosis de distintas procedencias para sus habitantes. En este proceso, los funcionarios provinciales se encontraron con la imposibilidad de negociar directamente con los laboratorios y entraron en juego una serie de intermediarios.
En el caso de San Juan, el gobernador Sergio Uñac firmó un convenio con la empresa alemana “Rul AG”, donde la empresa se comprometió a abastecer 1 millón de vacunas rusas Sputnik V, en mitades iguales de los componentes 1 y 2, a cambio de un precio aproximado de 18 euros la dosis, el doble de lo que paga Nación por el mismo producto en trato directo con los fabricantes en pos de buscar asegurar la entrega.
Pero el contrato se cayó tras sucesivos incumplimientos y desde la provincia cuyana temen “quedarse sin el pan y sin la torta”, es decir, sin las vacunas y sin el dinero que depositaron en garantía para conseguirlas.
En el marcado internacional, “Rul AG” es una de las empresas validadas por los fabricantes de la Sputnik V para actuar en su representación. Sin embargo, el contacto con ellos no fue directo, sino a través de dos intermediarios contratados por esta compañía, llamados Rogelio Rengel y Javier Palma. El 20 de abril, con una carta de intención (LOI, por las siglas en inglés), se definieron el precio y las condiciones, y se dio inicio a la operación que finalmente no llegaría a buen puerto.
En la negociación por la compra de vacunas, cuando las operaciones no se hacen de Estado a Estado, los precios funcionan a modo de subasta. Teniendo en cuenta la particular situación de escasez al momento de la negociación, San Juan acordó un costo de 18 euros por dosis, algo así como el doble de la cotización de fábrica (otros países, como Israel, llegaron a pagar 45 euros cada vacuna de distintos orígenes corridos por la urgencia).
Según los documentos a los que tuvo acceso el diario Perfil, las autoridades sanjuaninas depositaron 18 millones de euros en el reconocido agente de “escrow” londindense The Law Debenture Corporation en concepto de pago. Este tipo de entidades suelen ser contratadas para que las transacciones sean más segura y el dinero quede protegido en caso de que el acuerdo se caiga. Se trata de cuentas de garantía en las que vendedores y compradores le solicitan a un tercero para que custodie el dinero, y sólo lo entregue cuando se cumpla el contrato, o caso contrario, lo devuelve a origen. En consecuencia, el depósito está seguro y debería regresar sin inconvenientes. Valen los ejemplos de una escribanía y un depósito en garantía para graficar la situación.
El desembolso se realizó desde el Banco de la Nación Argentina, sucursal Madrid; y llegó a una cuenta de The Law Debenture Corporation en la sede parisina del banco HSBS Continental Europe. Ello ocurrió el 24 de mayo y, tal como establecían los convenios, las dosis debían ser entregadas 5 días hábiles después de la recepción del pago por parte del agente de custodia. Si el vendedor no cumplía este plazo, contaba con 3 días hábiles como plazo adicional. Es decir, el 31 de mayo y 3 de junio. El circuito cerraría y los fondos serían liberados una vez que las vacunas estuvieran oficialmente cargadas en las aeronaves para su entrega a la provincia de San Juan.
Llegada la fecha, el lote de vacunas no apareció. Dos aviones de Aerolíneas Argentinas ya estaban reservados y listos para emprender viaje a Moscú con escalas de ida y vuelta en Roma. La provincia, interesada en las vacunas, concedió nuevas fechas. En este punto, las distintas fuentes de un lado y del otro de la negociación difieren en los plazos. Del lado de los intermediarios hay asentada una primera prórroga el 18 de junio y una segunda el 25 de junio. Mientras que desde la gobernación de Sergio Uñac, se sostiene que hubo prórrogas los días 8, 14, 18 y 25 de junio.
Sea como fuere, en todos los casos, la transacción no se dio por la falta de la documentación que, por contrato, Rusia debía entregar a San Juan para certificar que los productos recibidos eran los autorizados por la autoridad sanitaria argentina para su consumo en el país.
Tras esta serie de entregas fallidas, el gobierno de provincial dio de baja el acuerdo y espera a que desde el “escrow” devuelvan los 18 millones de euros girados.
El tema recién comienza. Y se conoce justo en medio de las repercusiones por los ruidosos reclamos del Gobierno Nacional argentino al Instituto Gamaleya frente a las demoras en las entregas pautadas por contrato y los recientes acuerdo con los laboratorios estadounidenses Moderna y Pfizer.