Durante la sesión ordinaria de este jueves, se plantearon cuestiones de privilegio y un posible conflicto de poderes en relación con una medida “pre cautelar” de un juez de primera instancia que ordenó a la Legislatura abstenerse de tratar un proyecto, el del convenio urbanístico de Costanera Sur, que le permite a la empresa IRSA construir torres “premium” en lo que era ex Ciudad Deportiva de Boca. El proyecto estaba en el temario de la sesión y listo para ser tratado este jueves, sin embargo, el bloque oficialista de Vamos Juntos decidió reservarlo en la Secretaría Administrativa para poder tratarlo en cualquier otra sesión. Esta movida fue adelantada por Noticias Urbanas el miércoles.
Los votos negativos del Frente de Todos y bloques de izquierda impidieron que prosperaran las mociones (necesitaba dos tercios) y el tema fue girado a la Junta de Interpretación y Reglamento.
El presidente del bloque Vamos Juntos, Diego García Vilas, dijo que la medida del juez “pretende incidir en esta casa legislativa planteando la suspensión del tratamiento de un expediente” y protestó que “lo que no puede ningún juez es establecer qué podemos o no someter a discusión, por lo que se trata de una intromisión en el Poder Legislativo”.
“Como Poder Legislativo no lo podemos admitir; estamos obligados a dar pelea por la independencia de este cuerpo (parlamentario). El proceso de sanción de una ley es una competencia específica de esta casa”, enfatizó García Vilas.
El jefe del bloque oficialista hizo referencia de esta manera al fallo del juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, Guillermo Scheibler, que ordenó al Gobierno de la Ciudad «suspender precautelarmente el trámite» del proyecto. Según el fallo del magistrado, el freno estará vigente «hasta tanto el Poder Ejecutivo acompañe las actuaciones administrativas que den cuenta del cumplimiento de las previsiones de la ley 123 respecto del convenio urbanístico», entre ellas, la Evaluación de Impacto Ambiental y Audiencia Pública Obligatoria.
La resolución de Scheibler fue apelada por VJ, pero la Cámara de Apelaciones del Fuero en la Contencioso, Administrativo y Tributario todavía no se expidió.
El bloque de la UCR Evolución apoyó los cuestionamientos de Vamos Juntos al juez. Martín Ocampo (UCR) acusó al magistrado de “avasallar la competencia del Poder Legislativo” y explicó que la medida “pre cautelar” es una figura inexistente en los casi 500 artículos del Código Procesal de la CABA. El legislador anunció que pedirá a la Junta de Interpretación y Reglamento que cite al juez para que fundamente su controvertida resolución.
“Veo afectado mi derecho a legislar. Mi función como legislador, porque este juez interviene en nuestras funciones e interfiere en el proceso legislativo. Constituye un desconocimiento muy grande del Derecho y sobre todas las cosas de lo que significa los derechos humanos en CABA. Lo digo porque es gravísimo lo que pasó. Porque uno de los derechos fundamentales es el de Defensa. Y no hay posibilidad de organizar una sociedad como la nuestra sin el pleno ejercicio del derecho de defensa”, dijo Ocampo.
Y agregó: “Decidió no sólo avasallar las competencias del tratamiento legislativo, sino avasallar las competencias legislativas. Porque se arrogó la posibilidad de legislar y legisló un sistema procesal nuevo que son las medidas pre cautelares. Es decir que hay una doble intromisión en la labor legislativa. Primero entorpeciendo el trámite del proyecto y segundo haciendo ley. Que es una competencia que le corresponde a esta legislatura, no a los jueces. Es decir que hay claramente un avasallamiento a las funciones que tiene esta legislatura. Y como el derecho de defensa es sublime, y nosotros sí somos respetuosos de los derechos humanos, quiero que esta cuestión de privilegio que planteo hoy no se trate acá, sino en la Junta de Interpretación y Reglamento. Porque quiero que citen al juez y pueda defenderse. Que le explique a la legislatura cuáles fueron los argumentos que lo llevaron a tomar esta decisión. Que le explique a los legisladores cuáles fueron las motivaciones que tuvo para entorpecer el tratamiento del trámite de un proyecto y para arrogarse competencias que son de esta propia Legislatura”.
Sergio Abrevaya (GEN) coincidió con la posición de la bancada oficialista a pesar de que pensaba -dijo- oponerse al proyecto de ley en cuestión, y propuso votar un “conflicto de poderes”.
Por su parte, Claudia Neira manifestó la posición del Frente de Todos: sostuvo que no corresponde ninguna cuestión de privilegio ni existe conflicto de poderes ya que el diputado que se sienta afectado por la decisión de un juez “puede recurrir a otras instancias superiores en la propia Justicia”.