El presidente de la Nación, Alberto Fernández, firmaría un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) mediante el cual aquellas personas que reciben planes sociales podrán trabajar en blanco en la cosecha sin perder sus beneficios.
La medida está relacionada con un histórico reclamo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), ya que desde hace tiempo se venía advirtiendo sobre los problemas que había para conseguir personal para las tareas de cosecha en las economías regionales, por la problemática que se buscará resolver mediante la decisión del Gobierno.
Hay que recordar que las economías regionales están integradas por más de 30 complejos productivos y representan el 63% de las explotaciones agropecuarias nacionales. El año pasado, ese sector que emplea el 70% de la mano de obra rural, recibió divisas por USD 7.015 millones y dio trabajo a alrededor de 625.000.
Desde CAME elevaron varias veces el reclamo que llegaba desde el interior, ya que la falta de mano de obra en los campos durante los meses de cosecha, esta relacionada con la ausencia de un mecanismo que les permita a los trabajadores golondrina realizar las tareas de recolección sin que perder los subsidios estatales que reciben. Para muchos trabajadores, tomar un empleo por pocas semanas para luego quedar fuera de subsidios durante todo el año no es una decisión conveniente. Por eso insisten en que un DNU sería la respuesta a este problema, ya que se acercan los meses de cosecha.
La iniciativa tiene como objetivo la promoción del trabajo registrado y la ampliación de la protección social para 250.000 trabajadores rurales que realizan actividades temporales y estacionales en ese ámbito. Y tiene como eje central el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores, así como también el crecimiento y la consolidación de las capacidades exportadoras de las economías regionales.
Por otro lado, la medida compatibilizaría la percepción de los planes y programas sociales y de empleo con el trabajo registrado, y alcanzará a los grupos familiares de los beneficiarios que representan a un tercio del total de los trabajadores rurales asalariados de todo el país.
Además se establecería una garantía a través de la cual los titulares de asignaciones universales que sean contratados en esa modalidad percibirán los beneficios no contributivos que les correspondan, asegurándoles como mínimo el monto equivalente al 100 por ciento del valor de las asignaciones universales por hijo para la protección social.