La sala del cuarto piso del edificio de Arenales al 1600 estaba preparada como para una convención, los medios llenaban el lugar y los funcionarios comenzaban a llegar. Pasadas las 17.30 llegó quien todos esperaban, el suspendido jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra.
Con cara adusta, acompañado por su abogado defensor, Julio Strassera, y rodeado por casi todos los miembros de su Gabinete, Ibarra se enfrentó a los medios para explicar en qué consistía la prueba que en el mediodía de este martes 13 había presentado ante el presidente de la Sala Juzgadora de la Legislatura porteña, Julio Maier. Minutos antes los fiscales habían presentado la suya (ver "Juicio político: los fiscales piden 104 testigos").
En el escrito, Ibarra presenta 44 testigos, solicita la incorporación al debate del escrito de descargo presentado por él el 9 de septiembre de 2005 junto con la prueba documental acompañada, pide la introducción por lectura de declaraciones recibidas durante la etapa sumarial y, entre otros, pide que se libre oficio de falso testimonio a la legisladora María Eugenia Estenssoro, al doctor Juan Carlos Mazzei y a Atilio Alimena, cuyas contestaciones, espera, "sean incorporadas a la etapa oral".
En la breve conferencia de la tarde de este martes, como en otras oportunidades, Ibarra expresó que "las acciones de un Gobierno se deciden con los votos y que reemplazar el voto popular por una mayoría legislativa no es lo correcto". "Si están en contra de un Gobierno -dijo- deben discutirlo en otro ámbito".
Además, remarcó que nadie le aclaró los cargos por los cuales está acusado y que los que exhibieron son "imprecisos, vagos e indeterminados". En tanto, volvió a acusar a las comisiones investigadoras que actuaron en el proceso de cometer "irregularidades gravísimas".
El ex fiscal explicó que el foco de su defensa estará dado por demostrar que "la tragedia sucedió a pesar de todas las medidas que se tomaron y no porque no se haya hecho algo en las áreas vinculadas al control".
Su gabinete lo acompañó casi a pleno. Fueron de la partida el jefe de Gabinete, Raúl Fernández; el secretario de Infraestructura, Roberto Feletti; el secretario de Desarrollo Social, Sergio Beros; la secretaria de Hacienda, Marta Albamonte; la secretaria de Educación, Roxana Perazza; el secretario de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, Eduardo Epszteyn; el subsecretario de Comunicación Social; Daniel Rosso; y la procuradora general de la Ciudad, Alejandra Tadei.
La lista de testigos que el suspendido jefe de Gobierno presentó comienza con Silvana Giudici (ex secretaria de Gobierno y Control Comunal), Carmen Prusak (jefa de asesores de la Subsecretaría de Control Comunal), Jorge Luis Pérez (director General de Habilitaciones y Permisos del Gobierno), Alejandra Tadei (procuradora general de la Ciudad), Karina Martínez Liss (directora general de Asuntos Políticos y Legislativos), Juan Manuel Abal Medina (ex director de Asuntos Políticos y Legislativos), Sandra Castillo (directora general de Control y Seguimiento), Marcela Sánchez de Bustamante (síndica general de la Ciudad), Matías Barroetaveña (presidente de la Auditoría General de la Ciudad) y Nicolás Corradini (miembro de la Auditoría).
Continúa con Alicia Boero (miembro de la Auditoría), Graciela Muñiz (defensora adjunta del Pueblo de la Ciudad), Julio Spina (funcionario de la Defensoría), Roque Bellomo (funcionario de la Defensoría), Alicia Pierini (defensora del Pueblo de la Ciudad), Marta Albamonte (secretaria de Hacienda), Marcelo Antuña (ex subsecretario de Justicia y Trabajo del Gobierno), Germán Fernández (director general del SAME) y Julio Salinas (subsecretario de Salud).
Suma a Daniel Farías (miembro de la Sociedad Bonaerense de Medicina Crítica, Trauma y Desastres), Jorge Neira (miembro de la Sociedad Argentina de Medicina y Cirugía de Trauma), Luis Sarotto (jefe de la División de Urgencias del Hospital de Clínicas), Luis Cevasco (fiscal general adjunto en lo Contravencional y Faltas), Daniel Mosca (coordinador del Equipo de Factores Humanos del SAME), Gabriela Alegre (subsecretaria de Derechos Humanos), Ernesto González (director general del Cementerio de la Chacarita), José Luis Calvo (subsecretario administrativo de Infraestructura y Planeamiento), Claudio Suárez (director general de Prevención del Delito) y María Suárez (directora general del CGP 2 sur).
Agrega a Cecilia Ayerdi (miembro de la subsecretaría de Derechos Humanos), Cecilia Piñeyro, Mónica D’Uva, Héctor Raimundo Pereyra (empleado del Cementerio de la Chacarita), Oscar Luna, Moira Urriza, Patricia Mastrangelo (psicóloga social, voluntaria), Tristán Martínez (trabajador del CEVIP y familiar de una víctima), Gladys Coronel (madre de una víctima), Juan Carlos Santillán (padre de una víctima) y Ana Sandoval (ex trabajadora de Cromañón).
Y finaliza con cuatro personas que son citadas como ex miembros de la Convención Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires: Enrique Osvaldo Rodríguez, Raúl Puy, Clorinda Yelicic y María Elena Barbagelata.
Por otra parte, en la indagación sumaria, Ibarra solicita que se convoque a Juan Carlos López, ex secretario de Justicia y Seguridad Urbana para que explique "la política de habilitación, verificación y control de las actividades comerciales durante su gestión al frente de la Secretaría, la asignación y disponibilidad de recursos materiales y humanos durante dicho período y el ejercicio de Poder de Policía que fue desarrollando dicha área".
También, pide que se oralice en la audiencia de debate "el testimonio brindado por Aníbal Fernández, ministro del Interior del Gobierno nacional".
Ahora sólo resta esperar a la Sala Juzgadora. Por lo pronto, Maier tiene diez días hábiles para aprobar o rechazar la prueba, y luego de ese período se fijará la fecha de la primera audiencia. Luego se iniciará el juicio propiamente dicho y todas las audiencias serían de corrido (sin contar sábados y domingos).
