Luego de que Carla Vizzotti regresara el pasado martes desde Rusia y no cumpliera el aislamiento obligatorio de 7 días que el Gobierno le impone a aquellos que retornan al país, Diputados nacionales del radicalismo presentaron un proyecto para que todos deban realizar la cuarentena correspondiente.
Encabezados por la diputada por la Ciudad de Buenos Aires Dolores Martínez, los legisladores le pidieron al Ejecutivo que elimine el privilegio conferido a los funcionarios públicos, quienes se encuentran exceptuados de cumplir con el aislamiento obligatorio cuando vuelven al país, luego de haber cumplido una misión oficial.
“El Covid no distingue cargos, grados ni jerarquías, con lo cual la mera calidad de funcionario público no amerita un tratamiento diferencial respecto de la ciudadanía. Se le exige un sacrificio a la sociedad haciendo foco en la prevención y el cuidado, corresponde en consecuencia que los funcionarios públicos cumplan en igualdad de condiciones, las reglas dictadas por la propia Administración para el ingreso al país”, consideró Martínez.
La iniciativa, que lleva también la firma de los diputados Carla Carrizo, Emiliano Yacobitti, Alejandro Cacace, Claudia Najul, Gonzalo del Cerro y Gerardo Cipolini, tiene como fundamento que una de las estrategias sanitarias para contener la llegada y el avance de la cepa Delta (y de las cepas ya circulantes) es el testeo a los siete días.
En tal sentido, Martínez recordó que los médicos advierten que un alto porcentaje de los casos detectados hasta el momento en el país, se descubrieron con el tercer hisopado, una semana después de la llegada al país. Ello que se denomina ´el PCR del séptimo día´, se ha hecho oficial, mediante la Decisión Administrativa 268/2021, modificada por Decisión Administrativa 643/2021.
“Desde el Poder Ejecutivo Nacional se ha hecho foco en la prevención como una de las principales armas con las que cuenta la sociedad para frenar el avance del Covid-19. A partir del Decreto 260/2020 se dictaron una gran cantidad de normas en tal sentido, y una de esas medidas fue establecer requisitos para autorizar el ingreso al territorio argentino, dispuestos por la Decisión Administrativa Nº 2252/2020 de fecha 24/12/2020 y sus sucesivas prórrogas”, remarcó la diputada radical.
Por último, Martínez resaltó el “privilegio incomprensible (del funcionario) respecto del ciudadano común” que esto conlleva, y explicó que, “si bien podría encontrar alguna justificación desde la importancia de la función que desarrollan, no tiene asidero alguno desde el punto de vista sanitario”.