E l aborto en Argentina ya es legal, pero su implementación sigue siendo una lucha sin fin. Amnistía Internacional viene denunciando la falta de acceso al aborto seguro, legal y gratuito, especialmente en las zonas rurales y la falta de información fehaciente y responsable respecto a este derecho adquirido de las mujeres y personas gestantes.
Para conocer la situación de la implementación de la IVE en territorio argentino y cómo actuar si este derecho es vulnerado, Noticias Urbanas entrevistó a Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, que detalló que hasta el momento “solo está autorizado el aborto farmacológico con misoprostol” y que es imprescindible que se avance para que en Argentina pueda producirse y comercializarse la mifepristona, medicamento que aumenta la efectividad del tratamiento y que sea efectiva la implementación de la Educación Sexual Integral, “herramienta clave para que las y los estudiantes conozcan sus derechos”.
Belski abordó también el aspecto legal relacionado con este derecho, ya que “desde que se sancionó la ley, se iniciaron al menos 34 demandas en su contra”, aunque “ninguna prosperó ni pudo frenar la norma”.
“La disputa de los sectores anti derechos se trasladó de los medios, las redes y el Congreso a los tribunales”, explicó la directora ejecutiva, que indicó que Amnistía realiza un seguimiento de estas embestidas judiciales.
Qué sucederá con las causas judiciales previas a la implementación de la ley, qué hacer y a dónde recurrir para acceder a un aborto legal y dónde denunciar el incumplimiento de este derecho, son algunos otros tópicos sobre los que transcurrió el dialogó con la referente de Amnistía Internacional Argentina.
– En el tiempo que lleva implementada la ley IVE en Argentina: ¿Es correcto afirmar que su real implementación es parcial y depende de la zona geográfica?
– Argentina presenta un mapa desigual en distintas jurisdicciones. En muchas zonas alejadas de centros urbanos aún no hay disponibilidad de servicios de salud sexual y reproductiva y de personal capacitado. Además, las resistencias para implementar la ley siguen existiendo.
Desde Amnistía Internacional hemos denunciado la falta de producción de información, que incluye desde campañas de difusión hasta datos actualizados que permitan hacer un diagnóstico de los desafíos en la implementación de la ley en todo el país. Que las mujeres y las personas gestantes puedan conocer y contar con herramientas para acceder a su derecho es imprescindible para poder hacer de su derecho una realidad.
En Argentina, por el momento, solo está autorizado el aborto farmacológico con misoprostol. Es necesario también que se avance para que en Argentina pueda producirse y comercializarse la mifepristona, medicamento que aumenta la efectividad del tratamiento.
A nivel federal, se debe mejorar la accesibilidad a la intervención AMEU (Aspiración Manual Endouterina) dado que en casi todas las provincias se siguen haciendo legrados, un método menos seguro de acceso al aborto y que debería reservarse sólo para los casos en que no haya disponibilidad de otras opciones.
Finalmente, exigimos la efectiva implementación de la Educación Sexual Integral, herramienta clave para que las y los estudiantes conozcan sus derechos.
– En tal caso: ¿En qué zonas del país no se tiene acceso a un aborto legal? ¿Por qué sucede esto?
– Estamos llevando adelante un proceso de diagnóstico a nivel nacional. Son muchas las jurisdicciones que presentan barreras, asociadas a la falta de acceso a información, resistencia de los equipos de salud, el uso de la objeción de conciencia de manera abusiva, la falta de derivación conforme lo exige la ley y la dilación en la atención. También, se detectaron problemas con las farmacias, para la venta del misoprostol, medicamento avalado por el ANMAT para el acceso al aborto. Todo ello pese a lo establecido por la ley.
Por ejemplo, hemos visto intentos de obstrucciones en San Luis (el caso de la pareja de una mujer para acceder al aborto y la judicialización de la práctica); hemos recibido denuncias ante dilaciones por parte de obras sociales en la Provincia de Buenos Aires; estamos documentando también barreras en otras jurisdicciones como Catamarca, Santiago del Estero, Salta, Entre Ríos y Misiones, sólo por mencionar algunas.
Recientemente condenamos los hechos en Río Grande, la ciudad más poblada de Tierra del Fuego, donde quienes requieren acceder al aborto en el sistema público de salud encuentran barreras. El Hospital Regional, que es el único de la ciudad donde podría realizarse la práctica, no garantiza este derecho, avalado por la ley 27.610 y en cambio deriva sistemáticamente a las personas a un consultorio de atención primaria. En los casos en que las mujeres requieren de internación para acceder a la interrupción voluntaria y legal del embarazo deben trasladarse más de 200 kilómetros hasta Ushuaia, donde está el único hospital de la provincia que garantizaría la práctica.
– ¿Existen datos sobre cuántas personas accedieron ya a un aborto legal y a cuántas se les negó el acceso a este derecho?
Desde Amnistía Internacional hemos hecho un pedido de acceso a la información pública para conocer, justamente, los datos actualizados desde la sanción de la ley.
Sabemos al momento que las secuencias generadas en el 0800 para acceder a información y consultas sobre interrupción legal del embarazo (ILE) vienen creciendo sostenidamente desde 2018.
Se considera “secuencia” a un llamado en relación con un “incumplimiento en las prestaciones de algún servicio de salud sexual y reproductiva” o “una vulneración de derechos sexuales y reproductivos”. También se utiliza este término para referirse a llamados en los cuales “el/la consultor/ra de la línea no cuenta con la información necesaria para dar respuesta a la consulta” y debe involucrar a otras dependencias, y también a “todas las consultas por interrupción voluntaria y legal del embarazo”.
En el primer cuatrimestre del año 2021, se recibieron 12.010 llamados, de los cuales 7.542 generaron secuencias. De estas secuencias, 7.185 fueron consultas por ILE (95,3%).
Jurisdicciones como la Provincia de Buenos Aires, reportaron en el primer trimestre del 2021 (entre enero y marzo) 5.781 abortos legales (tanto Interrupción Voluntaria como Legal del Embarazo). En Tucumán, de acuerdo con lo informado por la organización Mujeres por Mujeres en función de registros oficiales, el Sistema Provincial de salud realizó entre enero y junio de 2021 1.478 abortos legales.
– Según publicaciones de Amnistía Internacional, se iniciaron al menos 31 demandas contra la ley IVE; la Justicia las rechazó a todas. ¿Quiénes y por qué embisten contra esta ley sancionada?
-Amnistía Internacional está monitoreando la implementación de la ley 27.610. De acuerdo con el seguimiento realizado hasta fines de julio, desde que se sancionó la ley se iniciaron al menos 34 demandas en su contra. La disputa de los sectores anti derechos se trasladó de los medios, las redes y el Congreso a los tribunales. Pero ninguna prosperó ni pudo frenar la norma.
La mayoría de las intervenciones proviene de partidos políticos, asociaciones civiles antiderechos y luego otros ciudadanos, legisladores y abogados.
De esas 34 acciones, al menos 30 tienen por objeto la declaración de inconstitucionalidad de la ley con efectos colectivos y la mayoría de éstas solicita medidas cautelares; otras 3 tienen por objeto perseguir la responsabilidad penal y civil de los/as funcionarios que participaron en su aprobación. De las 30 acciones colectivas contra la constitucionalidad de la ley, 18 son contra el Estado Nacional y 12 demandan a los estados provinciales. Del ese total, al menos 24 fueron rechazadas por uno o dos tribunales, lo que incluye el rechazo por inadmisibilidad, y el rechazo de medidas cautelares solicitadas y la revocación de sentencias definitivas o medidas cautelares concedidas.
Hasta ahora, ninguna acción contra el Estado Nacional ha sido admitida. Y la tendencia de rechazos a las acciones iniciadas por los sectores anti derechos da cuenta de la poca permeabilidad del poder judicial a las embestidas que buscan derribar la vigencia de la ley.
– En caso de no poder acceder a un aborto legal por negativa de una institución o personal médico, ¿qué hacer? ¿Se puede denunciar?
-Las personas pueden acceder a la interrupción del embarazo en los servicios del sistema de salud o con su asistencia, en un plazo máximo de 10 días corridos desde que se lo solicita.
De verse obstaculizado este derecho, pueden comunicarse con el 0800 222 3444 del Ministerio de Salud de la Nación. El servicio de atención 0800 Salud Sexual es un espacio de consulta gratuito, que tiene el objetivo de brindar atención personalizada y oportuna para facilitar el acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva en todo el país.
Además, pueden enviar su caso a Amnistía internacional a través de este formulario: https://amnistia.org.ar/abortolegal/formulario/
– ¿Qué pasa con las causas en trámite de personas gestantes que fueron procesadas por abortar previo a la sanción de la ley?
La ley N° 27.610 modifica, entre otros artículos, el art. 86 del Código Penal y establece que no es delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional.
Por lo tanto, las mujeres con causas penales en curso por abortos practicados dentro de las 14 semanas del proceso gestacional deberán ser sobreseídas por aplicación retroactiva de la ley penal más benigna, tal como lo establecen los tratados internacionales de derechos humanos de jerarquía constitucional (la Convención Americana de Derechos Humanos en su Artículo 9 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su Artículo 15) y el Artículo 2° del Código Penal.
En síntesis, los jueces y fiscales intervinientes deberían actuar de oficio y sobreseer a las mujeres criminalizadas por abortos dentro de las primeras 14 semanas de gestación, tanto con respecto a las causas en curso, donde hay personas imputadas por realizarse o consentir un aborto y también en aquellas donde ya se condenó a las personas gestantes por realizarse un aborto.
Para conocer más, Amnistía Internacional elaboró una Guía con Información: https://amnistia.org.ar/wp-content/uploads/delightful-downloads/2021/06/versi%C3%B3n-ONLINE-Interrupci%C3%B3n-voluntaria-y-legal-del-embarazo-es-tu-derecho.pdf
