Un proyecto de ley que promueve la incorporación de discapacitados al personal estatal porteño acaba de ser presentado en la Legislatura. La propuesta, cuya autoría pertenece al diputado Ricardo Busacca (Partido Popular Cristiano), fue acompañada con la firma de legisladores de sectores políticos bien disímiles: Vilma Ripoll (Izquierda Unida), Alicia Pierini (PJ), Irma Gerch (UCR), Jorge Mercado (Movimiento Generacional Porteño), Oscar Moscariello (Juntos por Buenos Aires), Fernando Finvarb (PS).
La iniciativa se funda en el artículo 43 de la Constitución porteña, que obliga al Gobierno de la Ciudad a asegurar "un cupo del cinco por ciento del personal para las personas con necesidades especiales, con incorporación gradual en la forma que la ley determine". El proyecto de ley pretende ser la reglamentación de este mandato constitucional para que el mismo sea puesto en vigencia.
La propuesta plantea que todos los poderes del Gobierno de la Ciudad, los entes públicos no estatales, las sociedades en las que el Gobierno de la Ciudad sea parte y las empresas privadas concesionarias de bienes y servicios públicos cumplan con el cupo de personal minusválido establecido en la Carta Magna porteña. La incorporación de personal con necesidades especiales deberá ser gradual y progresiva hasta cubrir el porcentaje indicado en la Constitución, que tendrá que ser calculado sobre la base de la totalidad del personal que revista en las plantas permanente, transitoria y en cualquier otra modalidad de contratación. El plazo que establece el proyecto para el cumplimiento de lo estipulado son tres años a partir de la sanción de la norma.
Los discapacitados ya inscriptos en el actual Registro de Aspirantes a ingresar al Gobierno de la Ciudad -creado por el decreto 3649/1988- serán los primeros en integrar parte de los cargos a cubrir. También se establece que, si una empresa concesionaria del Estado no respeta la norma, el Ejecutivo deberá disponer la rescisión de las concesión, la inhabilitación de la firma para contratar con el Gobierno de la Ciudad y la cancelación de los subsidios a su favor. El proyecto le otorga un plazo de 60 días al Poder Ejecutivo para que reglamente la norma, contados a partir de su sanción.
