El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, se refirió a la causa de la Mesa Judicial del Gobierno de Mauricio Macri que investiga la jueza María Serivini, en la cual fue citado a declarar por los llamados telefónicos que le realizó el prófugo, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y admitió públicamente que con Rodríguez Simón y Mario Quintana los une una historia de amistad. “Con Rodríguez Simón y Quintana me une una amistad de muchos años”.
Rosenkrantz manifestó: “La doctora Servini me citó a una declaración testimonial en una causa en la que se está investigando la presunta comisión de delitos de funcionarios del gobierno anterior cuyo perjudicados habría sido el Grupo Indalo”.
El ministro de la Corte se refirió además a la lentitud en la resolución de los casos judiciales y manifestó: “La sociedad tiene razón cuando dice que la Justicia es lenta”, aunque señaló que no siempre es culpa de los magistrados: “Muchas veces los argentinos tendemos a externalizar la responsabilidad. Y cuando los juicios son lentos creemos que los responsables son los jueces, pero no siempre es así”.
Asimismo, dijo que para mejorar es necesario aplicar “cambios procesales”, pero también “cambios en el modo en que se ejerce la profesión y en que se imparte la educación legal”.
Y agregó: “No hay solución mágica. No todos los procesos judiciales son lentos, en general los que son más lentos son los megaprocesos”.
En referencia a las críticas de la sociedad al Poder Judicial tiene que ver con la denominada “puerta giratoria”, el magistrado expresó: “En un estado democrático, la libertad es la regla y la restricción a la libertad es una excepción”, señaló en primer lugar, por lo que “la pena se le puede aplicar únicamente a quien es declarado culpable y no puede tener un efecto indicativo”.
Rosenkrantz remarcó que “pena y venganza son cosas diferentes y antinómicas”. La cuestión de la puerta giratoria, dijo, tiene más que ver “con la administración de la prisión preventiva, que es un capítulo que presenta algunas complejidades. Pero las prisiones preventivas no pueden ser arbitrarias. Si no hay indicios para pensar que puede haber entorpecimiento de la función jurisdiccional, en principio la prisión preventiva no debería aplicarse”