La Coalición Cívica denunció la vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner y a la Administradora de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, por los delitos de “encubrimiento agravado, abuso de autoridad, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública”.
La acusación contra la titular de AFIP es por el desistimiento de la querella en la causa en la que se investiga a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa y al ex administrador de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Etchegaray.
En la denuncia describen las relaciones económicas de le Vicepresidente de la nación con el empresario Cristóbal López y cómo fue orquestado el plan de impunidad de los empresarios denunciados.
En primer lugar el gobierno nacional, en el año 2020, envío una ley de moratoria inédita a la medida de Oil Combustibles. Una semana antes, el empresario Fabián De Sousa había estado en Olivos. Luego la empresa se adhirió a ese régimen. Y finalmente, un año después de la moratoria propuesta por el gobierno nacional, la AFIP, a través de Marcó Del Pont, desiste de la querella basándose entre otros fundamentos, a la adhesión a la moratoria que el propio gobierno propuso.
El escrito da cuenta de las relaciones históricas entre Cristina Kirchner y Cristóbal López, a través de Romina Mercado y la empresa Inversora M&S, de Osvaldo Sanfelice, ex socio de Máximo Kirchner en una inmobiliaria y la empresa IDEA S.A., y de Alberto Oscar Leiva a tráves de las empresas CPC y Agosto S.A.. Asimismo la denuncia da cuenta de los conflictos de interés del presidente de la Nación Alberto Fernández, quien asesoró a autoridades del grupo Indalo antes de llegar a la Presidencia.
El planteo judicial fue presentado por los diputados nacionales Juan Manuel López, Paula Oliveto Lago, Mariana Zuvic, Maximiliano Ferraro, Mariana Stilman, Marcela Campagnoli y Mónica Frade en un texto de 30 hojas.
Allí destacan “una vinculación política y de negocios” entre la entonces Presidenta y el empresario de carteras petroleras y mediáticas, además de citar investigaciones que varios medios llevaron adelante. En un pasaje de la denuncia, se indica que “la sobrina de la vicepresidente de la nación e hija de la actual gobernadora de Santa Cruz, era empleada de Cristóbal López”.
Desde la Coalición Cívica acusan a la titular de la AFIP de correrse de la acusación en contra de los empresarios para favorecer su impunidad.
Por ello, destacan que la funcionaria “desistió ante el Tribunal Oral Federal N°3 y ante el juez Julián Ercolini, de la querella en la que actuaba como parte en el marco de la causa en la que se investigaba la posible defraudación al estado nacional por parte del ex titular de la AFIP Ricardo Etchegaray y los empresarios Cristóbal López y Fabian De Sousa”.
En el fin de la presentación, los diputados remarcan “una promiscuidad política comercial impúdica que debe ser necesariamente investigada por los magistrados donde destacan abuso de autoridad, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública y encubrimiento agravado”.