El juez federal Sebastián Casanello citó ayer a indagatoria al exministro de Energía del Gobierno de Cambiemos, Javier Iguacel, y al exsecretario Gustavo Lopetegui, por presuntos delitos en torno de la venta por un valor inferior al real de las centrales termoeléctricas Brigadier López y Ensenada de Barragán.
El magistrado también convocó a declarar como imputados a exdirectivos de la empresa Integración Energética Argentina (Ieasa-ex Enarsa), que habrían sido parte de la maniobra por la cual el Estado habría dejado de percibir cerca de 120 millones de dólares. Las indagatorias convocadas por Casanello fueron nueve, entre las que se destacan las de Iguacel (11 de noviembre), Lopetegui (12 de noviembre) y la de los expresidentes de IEASA Mario Agustín Dell´Acqua (17 de noviembre) y Claudia Liliana Mundo (23 de noviembre).
En la causa se investiga “la venta direccionada y a precio vil de las centrales térmicas Ensenada de Barragán y Brigadier López”, de las cuales “la primera fue adjudicada a la empresa Central Puerto SA y la segunda, a la empresa CT Barragán SA -constituida por Pampa Energía e YPF”, según la resolución. Este diario reveló la trama el 12 de febrero de 2019, cuando recién se iniciaba la pesquisa.
En el llamado a declaración, tanto el fiscal Ramiro González como el presidente actual de IEASA, Martín Geréz, coincidieron en que el perjuicio para el Estado según las estimaciones de Fiscalía ascendió a $12.407.024.000 actualizado a 2018.
La convocatoria, además, se sustenta en que las ventas se hicieron en condiciones económicas y financieras “absolutamente desfavorables” y le restaron a IEASA un “ingreso legítimo” proveniente de la generación de energía, al tiempo que se le habrían otorgado “facilidades y ventajas injustificadas a los adquirentes.
Para llegar a esa conclusión, el fiscal analizó varios elementos de prueba tales como expedientes de licitaciones públicas, notas de IEASA, informes sobre modificaciones de los pliegos y actas de Asamblea de la institución.
Los otros citados son, exautoridades de la cúpula de IEASA, exdirectivos de finanzas del organismo y una representante de la actual Secretaría de Energía. Sobre todos ellos, los acusadores (el fiscal y el actual presidente de IEASA) pidieron a Casanello que decrete la inhibición de bienes de los imputados para resguardarlos ante la presunción de que podrían haber sido resultado de comportamientos ilegales.