Con la promesa de -al menos- no recortar el presupuesto social, específicamente en el área de vivienda, la vicejefa de gobierno Cecilia Felgueras y el subsecretario de Vivienda porteño Eduardo Jozami intentaron conducir el reclamo desesperado de decenas de organizaciones barriales, que atentamente fue escuchado por expertos y representantes de los municipios más populosos del Mercosur.
Las primeras Jornadas de Vivienda Popular, organizadas por la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) en el Centro Cultural San Martín, reunió a representantes de los municipios de San Pablo (Brasil), Montevideo (Uruguay) y Rosario y grandes distritos del conurbano bonaerense con funcionarios de la Ciudad y organizaciones de villas de emergencias, casas ocupadas, comedores infantiles y otras organizaciones sociales.
Cecilia Felgueras, a cargo del ejecutivo porteño hasta el regreso de Aníbal Ibarra -que se encuentra en París en visita oficial- señaló que "se viene un año muy difícil", pero que espera que "no se recorten las partidas destinadas a planes sociales". Por su parte, las ONG elevaron la apuesta y reclamaron un aumento drástico en el presupuesto, ya que la propia Felgueras reconoció que aumentó la población en la zona sur -según datos del último censo-, un hecho que vuelve a poner en jaque la situación habitacional.
Ante la atenta mirada de unos 180 representantes de organizaciones populares, Eduardo Jozami afirmó que "durante este año el gobierno de la Ciudad gastó más dinero que nunca en las villas", aunque consideró que no es "motivo de satisfacción, porque sigue siendo insuficiente con relación a lo que se necesita para resolver la emergencia habitacional". Según estimaciones dadas a conocer en el foro, con sólo destinar al área el seis por ciento del presupuesto, el problema de la vivienda se solucionaría. Incluso estiman que no sólo resolvería los problemas de vivienda sino también los de gasto social.
EL GRAN DEBATE
"Debe abrirse un gran debate en la ciudad para que las fuerzas políticas incorporen plenamente la necesidad de dar prioridad a la emergencia habitacional y la urbanización de las villas", dijo Jozami ante representantes de villas y centros autogestivos de la Ciudad.
La jornada tenía como objetivo realizar un balance para determinar junto a gente de los barrios, funcionarios y especialistas, cuáles fueron los aciertos y errores en el último año de gestión.
El lunes la CMV firmará una de las primeras escrituras de la ley 341 (que fue votada en febrero del año pasado y que recién fue reglamentada hace dos meses), por la que unas 80 familias carenciadas podrán tener acceso a una vivienda digna y, además, se adjudicará la licitación para construir otras 772 casas en el barrio Zavaleta.
Sin embargo, el encuentro dejó entrever la falta de decisión política para las familias humildes que vienen arrastrando las administraciones municipales en la ciudad. A diferencia de otros municipios del Mercosur, en Buenos Aires aún no encuentran eco decenas de proyectos autogestivos que las mismas familias y vecinos de barrios pobres de la ciudad han elaborado.
"Queremos apostar a la capacidad autogestiva de la población ya que en muchos casos los proyectos que se elaboran -como el emprendimiento de turismo social del Comedor Los Pibes de La Boca, que dará una solución de vivienda para seis familias, que a su vez mantendrán un albergue para turistas a pocas cuadras de Caminito- necesitan apoyo de las autoridades para no esperar años hasta lograr una autogestión real", afirmó uno de los representantes de la Mesa de Enlace de organizaciones populares de La Boca.
Es que las experiencias de este tipo han demostrado que mejoran la calidad de vida de las personas que participan en los proyectos y su convivencia social. También, según afirmaron expertos, estas iniciativas producen construccioines de calidad y reduce los costos de edificación.
CAMINO A LA INTEGRACIÓN
Jozami reconoció a Noticias Urbanas que -como solicitaron las organizaciones populares- se "conformará una mesa o espacio consultivo permanente para que ayude a dictar y elaborar políticas activas de vivienda". Aunque aún resta darle forma, este comité o grupo será integrado por las mismas agrupaciones que tienen una historia efectiva en la búsqueda de soluciones al problema de la vivienda en los barrios pobres de Buenos Aires.
Si bien aún no tiene fecha firme, Jozami se mostró dispuesto a concretar la inciativa que presentaron, entre otras, la Mesa de Enlace de La Boca, las Organizaciones Sociales Autoconvocadas (OSA), el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos, la mesa de delegados de las villas 20, 21, 1-11-14 (Bajo Flores), la villa 31 y la red de barrios municipales (como los complejos habitacionales de Lugano).
LAS VIVIENDAS OCIOSAS
Según datos revelados en el foro, el gobierno porteño posee más de 6 mil viviendas ociosas, entre ellas fábricas, casas, galpones y otros terrenos que pasaron a las arcas de la Ciudad a causa de diferentes tipos de litigios inmobiliarios y de pago de impuestos.
Muchos de estos terrenos poseen servicios públicos ya instalados (agua, cloacas, gas, etc) lo que haría más económico su reciclaje para proyectos comunitarios. Como ejemplo, una de las organizaciones puso sobre la mesa un viejo proyecto en el que se propone reciclar una fábrica abandonada, en la que podrian instalarse alojamiento para 70 familias, sería una construcción que no tomaría más de tres años y daría empleo a los mismos beneficiarios.
Sin embargo, y aunque las propuestas para reciclar estos lugares parecen sobrar, el gobierno estudia la creación de un Fondo de Viviendas ociosas que podría conformarse de la venta de estos inmuebles, incluso a las mismas familias interesadas. "Aún no estamos seguros de cuál es la mejor forma", admitió Jozami.
Mientras tanto, la situación económica no parece ayudar y mucho menos con la contracción actual en el mercado inmobiliario. "Sabemos que hasta ahora el gobierno ha venido especulando con estos inmuebles", admitieron en voz baja este viernes en el foro de Vivienda Popular. Tal vez la propia dinámica de la crisis permita una salida autogestiva.
