El exsecretario de Turismo en tiempos de Fernando de la Rúa, Hernán Lombardi, fue citado a declarar el próximo 27 de octubre a las 13:00 por la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, por la compra de un campo en San Luis que estuvo plagada de irregularidades de todo tipo. La acusación está caratulada como “fraude contra la Administración Pública”. La jueza Servini recibió la causa tras la reapertura que decidieron los jueces de la sala IV de Casación Penal en 2018.
El motivo de la citación tiene que ver con la compra de la Estancia San Nicolás, ubicada en el departamento Pedernera, en el sur de la provincia de San Luis. El campo, de 10.624 hectáreas con 57 áreas, fue adquirido el 22 de diciembre de 2000 a los hermanos María Irene y Francisco César Millán.
La operación llevó la rúbrica de Lombardi, en su carácter de interventor de la Administración de Parques Nacionales, pero el presidente del Directorio de esa entidad, Marcelo López Alfonsín, negoció una prórroga del boleto el 29 de junio de 2001, pagando una multa de u$s 270.000 a causa de una excesiva demora en la escrituración en la que incurrió Parques Nacionales.
Luego, en el informe de la Dirección de Asuntos Contenciosos de la Coordinación de Asuntos Penales de la Presidencia de la Nación figura que “con el aparente fin de asegurar el acuerdo y a condición de prorrogar el plazo vencido de 120 días, se pactó el pago a cuenta de u$s 355.000, sin contar con el respaldo legal para efectuar dicha operación”.
Posteriormente se pagaron otros u$s 825.000 a los propietarios, resultando luego que Parques Nacionales, que planeaba establecer en esa finca el Parque Nacional Los Venados, con el fin de proteger los pastizales y los venados pampeanos de la zona, desistió de la operación por falta de presupuesto. El total de lo pagado en esos días fue de u$s 1.450.000, causándole un gran perjuicio al Estado, ya que el dinero aún no fue recuperado, casi 21 años después.
Ante la denuncia de la Dirección de Asuntos Jurídicos, el 26 de marzo de 2004, el Juzgado Criminal y Correccional N° 1, Secretaría N° 2 decretó “la falta de mérito con respecto a los imputados”, que son Marcelo López Alfonsín y Hernán Lombardi. Esta resolución fue apelada por el fiscal Marcelo Delgado y la querella, pero la Cámara de Apelaciones del Fuero Criminal y Correccional “confirmó la falta de mérito”. Por esta razón, el 18 de septiembre de 2009, el Juzgado mencionado sobreseyó a ambos funcionarios.
El 15 de mayo de 2018, ante una nueva apelación del apoderado de Parques Nacionales, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal revocó los sobreseimientos y devolvió el Expediente CFP Nº 8720/2002 a la cámara federal, con los votos afirmativos en este sentido de Mariano Borinsky y Gustavo Hornos y el voto en disidencia del juez Juan Carlos Gemignani.
Los votos mayoritarios hicieron hincapié en la firma de un compromiso de compra por u$s 2.618.000, que fue mayor a la estimación que había realizado el Tribunal de Tasación. Esta cifra fue la mayor, ya que antes había habido tres evaluaciones, por $ 1.370.000; $ 1.740.000 y por $2.380.000, pero Lombardi, inexplicablemente, eligió la de u$s 2.618.000.
Los pagos sucesivos de u$s 270.000; luego de u$s 355.000 y, finalmente, de u$s 825.000 fueron, en las dos primeras ocasiones, debidos a multas por prórrogas en la escrituración y, finalmente, el mayor pago figuró como anticipo, al momento de la firma del boleto de compraventa.
En el informe ya mencionado, que generó Presidencia de la Nación, figura que “en Contencioso Administrativo el boleto ha sido declarado nulo y en la actualidad en los autos “E.N. APN C/MILAN, Irene y otros S/Proceso de Conocimiento. Expte. N° 2941/2013 en trámite por ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11; Secretaría N° 21, las partes están discutiendo la forma en la que MILAN va a reitegrar el dinero pagado (Moneda-Tasa de Interés)”.
De todos modos, en el informe también se advierte que “sobre este particular, ‘la operatoria irregular’ (sentencia), el denunciado Hernán Lombardi, nada dijo. Nunca se lo indagó. Los actos no pueden suponerse y bajo ningún modo puede aceptarse sin el cotejo apoyado en prueba suficiente”.
Quien impulsó la investigación por presunto “fraude en perjuicio de la administración pública fue el fiscal federal Marcelo Delgado, que sostuvo que la frustrada operación se realizó a pesar de que no se había constatado “la titularidad del dominio”, no se adjuntaban informes del Registro Nacional de la Propiedad y, especialmente, no existía “compromiso presupuestario” en la Dirección de Parques Nacionales. Es decir, que el gasto no estaba previsto en el presupuesto anual de Parques Nacionales.
Lombardi, que alguna vez, en su carácter de titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos manifestó inexplicablemente, al despedir a 354 periodistas de la Agencia de Noticias Télam que “hoy ganó el periodismo y ganaron los ciudadanos”, deberá explicar sus dudosas operaciones comerciales y deberá hacer cargo de su doble discurso.
