La Corte Suprema de Justicia dispuso que a partir de la próxima semana los tribunales vuelvan a la presencialidad plena. Lo hizo mediante una acordada que involucra a jueces, fiscales y empleados a partir de la semana que viene. En la resolución, a la que accedió Infobae, se aclara que de la medida quedan exceptuados aquellas personas que tengan factores de riesgo o comorbilidades.
La decisión tomó como antecedente a lo establecido por el Poder Ejecutivo Nacional, que a principios de mes, ordenó “la prestación de servicios mediante modalidad presencial para todas las jurisdicciones, organismos y entidades de la administración pública nacional”.
La Corte Suprema destacó que “corresponde adoptar las medidas tendientes a la normalización del servicio de Justicia”. Sin embargo, los magistrados aclararon que la disposición “regirá mientras dure la situación epidemiológica actualmente imperante”.
En la acordada los jueces advirtieron que “a partir del 20 de octubre sólo podrán solicitar licencia extraordinaria” para no cumplir la presencialidad aquellos jueces, funcionarios y empleados que presenten factores de riesgo, comorbilidades o atraviesen un embarazo, mientras que el resto deberán incorporarse a sus labores en los lugares correspondientes. La medida afecta a todas las cámaras federales y nacionales, tribunales que dependen de ellos, como así también los tribunales orales federales.
Entre las personas exceptuadas están incluidos los pacientes inmunodeficientes (congénitos, por VIH o con medicación inmunosupresora), los pacientes oncológicos o trasplantados (con enfermedad oncohematológica hasta seis meses después de la remisión completa, con tumor de órgano sólido en tratamiento o trasplantados de órganos sólidos o de precursores hematopoyéticos). Estos podrán continuar con sus labores de manera remota.
Además instaron a todo el personal judicial que retorne a los tribunales a “adoptar todas las medidas de prevención, higiene, movilidad y transporte emanadas de las autoridades competentes en el ámbito respectivo, así como también los protocolos establecidos por la Corte y las respectivas autoridades de superintendencia”.
También acordaron “mantener la delegación de facultades de superintendencia en las respectivas autoridades con la finalidad de normalizar la prestación presencial del servicio de justicia en el ámbito de sus fueros y jurisdicciones”.
La acordada lleva la firma digital de los magistrados Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkratz, Elena Highton y Ricardo Lorenzatti.