El Cuerpo de Delegados del Subte levantó a las 19 el paro de subtes que había iniciado una hora antes a raíz de que un guardia de seguridad de Metrovías le quebró una pierna a una de los representantes gremiales de base.
El incidente se produjo cuando un delegado de la línea D y sus compañeros de trabajo bajaron al anden para comer porque no funcionaba el ventilador de la sala destinada a ese fin en la estación Facultad de Medicina. Al parecer, el gremialista intentó trasladar una silla, forcejeó con un guardia de seguridad y cuando cayó se quebró la pierna. El delegado fue operado en el tobillo para colocarle un clavo.
Ahora delegados de base se reunieron con la empresa para reprocharles el accionar del "aparato represivo". Reclaman que se le rescinda el contrato a la empresa de seguridad, que sería de Miguel Ángel Rovira, uno de los fundadores de la Triple A, que cuando se conoció su presunta vinculación con Metrovías fue escrachado por HIJOS.
"Acá hay una seguidilla de hechos. Además, están poniendo cámaras en los talleres para controlar a los trabajadores", manifestó un delegado de base. El Cuerpo de Delegados quiere que Metrovías contrate personal propio de seguridad.
JUDICIALIZACIÓN DEL CONFLICTO GREMIAL
Luego de que la justicia federal se haya desentendido y un juzgado de instrucción desechado la causa, juez en los Criminal y Correccional Nº 4, Francisco Carlos Ponte, imputó a 80 empleados de Metrovías de los delitos de daños y cortes de vía. Por este motivo, y por otra causa que recayó en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 9 -a cargo de Ana Díaz Cano-, el Cuerpo de Delegados del Subterráneo hará este jueves a las 16 en el Bauen una conferencia de prensa en la que denunciarán la judicialización del conflicto gremial.
En el acto, que está encabezado además por delegados de las seccionales de Unión Ferroviaria de Oeste y Norte, participarán entre otros la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), mientras que llueven las adhesiones.
"Se manifestarán en contra de la judicialización de la protesta social y por el desprocesamiento de todos los luchadores populares", adelantó el Cuerpo de Delegados en un comunicado de prensa.
Los hechos por los que Ponte imputa a 80 trabajadores sucedieron en julio de 2003 cuando la cúpula de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) firmó un convenio con Metrovías por el que se incluía en el sueldo básico 125 pesos de aumento, la mitad del aumento que correspondía por lo dispuesto por el Gobierno nacional. Como contrapartida se flexibilizó el Convenio Colectivo de los boleteros.
En aquella protesta, el Cuerpo de Delegados logró que el incremento salarial sea de 250 pesos y desconoció las modificaciones al Convenio Colectivo, que denunció al Ministerio de Trabajo porque en las reuniones paritarias no habían estado presentes delegados de base, como exige la ley. No obstante, la cartera de Carlos Tomada falló a favor de la UTA y ahora recurrirán a la justicia ordinaria.
