El diputado porteño Jorge Giorno (Partido de la Ciudad) presentó un proyecto de ley que tiene por objetivo evitar que las personas que se realizan tatuajes y perforaciones para la colocación de aros en distintas partes del cuerpo ("body piercing") sean contagiadas de SIDA, hepatitis, tétanos u otras infecciones.
Giorno se basó en estudios realizados en Europa que concluyen que la práctica inadecuada de tatuajes aumenta el riesgo de contraer hepatitis tipo "C", SIDA, tétanos, infecciones y otras enfermedades. También fundamentó su proyecto con un informe anual de la Academia Americana de Dermatología que aconseja a los distintos Estados a legislar más activa y específicamente no sólo en cuanto a la práctica del tatuaje en sí, sino en lo que se refiere al análisis y la clasificación de los tintes que se utilizan.
En el mismo sentido el legislador solicitó al Poder Ejecutivo porteño informes para que dé cuenta respecto de los controles que ejerce sobre esas actividades. Las mismas, cada vez más de moda en Buenos Aires, suelen incrementarse cuando llega el verano.
El proyecto de ley establece que los tatuajes deberán realizarse en locales habilitados para tal práctica y que éstos tendrán que ajustarse a las normas correspondientes a la habilitación de los consultorios médicos. También deberán contar con un autoclave de esterilización de los elementos utilizados y con el correspondiente certificado a la vista del público.
Además, la iniciativa propone que el Poder Ejecutivo dicte un curso de capacitación obligatorio para los tatuadores con examen posterior. El mismo incluiría normas sanitarias referentes a esterilización, anatomía de la piel, dermatosis comunes e infecciones.
De aprobarse el proyecto, los profesionales que ejerzan esta actividad deberán contar con una licencia habilitante y con una libreta sanitaria otorgada por hospitales del Gobierno de la Ciudad También estarán obligados a usar máscaras y guantes, agujas descartables y realizar pruebas de alergia a los tintes previamente a la práctica del tatuado. Las tinturas deberán ser examinadas y clasificadas como "no tóxicas" por el organismo competente y se deberán prohibir las que no se adapten a esta calificación.
La propuesta plantea que el control de la actividad quede a cargo de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La falta de cumplimiento de las normas, que se impondrían de aprobarse el proyecto, serían sancionadas con multas.
