Fernández desligó a la comunidad mapuche de los violentos ataques en el Sur y culpó por los hechos a un grupo de criminales. Además, defendió la postura del Gobierno en el conflicto.
-El Senado dio media sanción a la Ley de Emergencia Territorial Indígena. ¿Hay chances de que se apruebe en Diputados?
-Yo creo que sí, porque en el Senado, que son los que representan a las provincias, se llegó a un consenso entre todos los partidos políticos. Y ese consenso nos ha sorprendido. Esto fue posible gracias a la información suministrada a cada una de las bancas. Eso fue crucial. Hubo solo dos senadores que votaron de manera negativa.
-Alfredo Luenzo dijo que la oposición acusó de terroristas y subversivos a los mapuches. ¿Qué opina sobre esto?
-Totalmente de acuerdo con la posición del senador Luenzo. Explicó de manera clara la intencionalidad política de usar esos dos conceptos tan caros para la democracia. Y que han dejado una connotación y una responsabilidad a todo ciudadano que cree en la democracia. Volver a usar esos términos -que creíamos que habían sido dejados de usar en Argentina- es una irresponsabilidad terrible y también, en el marco más plano, una desfachatez. Solamente, se explica desde una intencionalidad política y de bregar, otra vez, por la militarización y por buscar el enemigo interno. Si no, no se explica.
-¿Hubo violencia por parte de los mapuches en Río Negro?
-Los puntos conflictivos que existen hoy en la zona sur, y en especial, en Río Negro, muchos de ellos están en etapa instructiva, investigativa en el fuero provincial y federal. Y, hasta el momento, no existen, todavía, pruebas que puedan atribuirse a los mapuches. Asignarle la violencia al pueblo mapuche, para mí, es también una irresponsabilidad y una forma de estigmatizarlo. ¿Por qué? De los últimos cuatro episodios de los que se habla, por ejemplo, dos de ellos no tienen nada que ver con la reivindicación territorial y tampoco, hasta el momento, se ha demostrado que hayan participado los mapuches. Por ejemplo, ningún grupo o movimiento mapuche se adjudicó el incendio del Club Atlético Andino del Bolsón. Tampoco, hasta el momento, hay ninguna prueba que vincule al pueblo mapuche al incendio.
-Pero el atentado a la oficina de Turismo en el Bolsón sí fue adjudicado a un movimiento que se autodefine como mapuche…
-Con respecto al atentado a la oficina de Turismo, si bien hubo alguna reivindicación de un movimiento que se autodenomina del pueblo mapuche, lo concreto es que no tiene nada que ver con la representación mapuche con la que el Estado tiene contacto día a día. De hecho, Orlando Carriqueo, que es el referente del Parlamento del Pueblo Mapuche, lo condenó con todas sus fuerzas, como también otras comunidades de la zona. Por lo tanto, no se puede adjudicar al pueblo mapuche. Son algunos delincuentes, personas que, más allá de su pertenencia étnica, deben responder a la justicia. Pero, de ninguna manera, esto se puede adjudicar a un colectivo como el pueblo mapuche.
-¿Y los otros dos hechos de violencia?
-Respecto de los otros dos, donde, de verdad, existe reivindicación territorial son en dos zonas. Una de ellas, es Cuesta del Ternero de la comunidad Lof Quemquemtreu. Ahí, están identificadas las personas. Y están en el fuero judicial. E incluso, han sido demorados los que habían sido identificados. Hasta el momento, no se pudo resolver, pero están en la Justicia.
-¿Y cuál es la respuesta del INAI en esos casos?
-No hubo ninguna intervención. Ni siquiera, se han comisionado técnicos como para verificar el estado. Lo que sí, desde el INAI, se ha requerido a la Justicia que se conforme una mesa de diálogo, justamente, para encauzar el conflicto.
-Retomando lo anterior…
-La otra reivindicación territorial viene desde 2017, desde la anterior gestión. Y ya conocemos un poco cuál fue el resultado de la determinación de Patricia Bullrich al querer ejecutar una orden judicial por la fuerza, que terminó con la muerte de Rafael Nahuel que, hasta el momento, tampoco está resuelto. Pero en esa reivindicación, también están todos identificados y, ahora, desde la fiscalía y desde Parques Nacionales, se requirió la elevación a juicio. Es decir, la Justicia Federal, en el marco de un debate oral, va a determinar la responsabilidad de cada uno de ellos. Por lo tanto, hablar así del pueblo mapuche, en general, sin explicitar que cada uno de los hechos no tiene conexión con ninguna de las otras, la verdad es que es una irresponsabilidad.
-El Presidente se desligó de la responsabilidad de la seguridad en Río Negro, dejando sola a la gobernadora. ¿No cree que le corresponde a Arabela Carreras pedir intervención de las fuerzas nacionales?
-El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, explicó a la sociedad, a través de un comunicado, qué elementos tienen que concurrir para poder pedir la Fuerza Federal. La responsabilidad de la Seguridad Primaria es de la provincia. Lo que acá pasó es que se sobredimensionó una situación que, seguramente desde la provincia, no se está pudiendo contener porque no hay políticas públicas claras destinadas a los pueblos indígenas.
-¿Y las acusaciones de terrorismo?
-No existen elementos como para calificar a estos hechos como delitos complejos que hay que investigar. Justamente, por lo que dije anteriormente: son hechos aislados. No hay ningún Sendero Luminoso, ningún financiamiento internacional. Nada de esto existe. Solo existe en el discurso que tiene otras intenciones que, esperemos que se disipen, terminadas las elecciones. Lo que acá hubo fue un uso político de la cuestión mapuche en el marco de las elecciones. Si no, no se entiende. Lo ocurrido con Jones Huala en Chubut es un ejemplo. El proceso judicial demostró que no se debía aplicar la Ley Antiterrorista.
-Y justamente hablando de Jones Huala, Rafael Bielsa le dio respaldo jurídico y el gobierno de Chile reaccionó en contra. ¿Aprueba el accionar del embajador?
-El embajador explicó de manera muy clara cuál es su rol: asistir a todo ciudadano argentino. Y Jones Huala, en ese rol, le cabe recibir asistencia consular. Es una obligación del Estado asistir a los ciudadanos.
-Y le consulto por algo que mencionó: ¿usted considera que la muerte de Maldonado fue por el accionar de la policía durante el gobierno pasado? ¿O fue, efectivamente, como demostraron las pericias, que se ahogó?
-La muerte de Maldonado, como la de Rafael Nahuel, es producto de la operación represiva del gobierno anterior. De eso, no hay duda. Después, el tecnicismo de cuál fue la causa que determinó la muerte es materia judicial. Pero, no cabe duda de que fue en el marco de una operación represiva. Y ése debe ser el marco político en el cual debe ser analizado. La política represiva de Bullrich determinó dos muertes: la de Maldonado y la de Rafael Nahuel.
-Como una persona que representa el derecho de las minorías, ¿qué opina sobre el accionar del gobierno con respecto al caso AMIA y el Memorándum con Irán, que conciernen a la comunidad judía?
-Yo voy a poner un ejemplo de lo que habló el diputado… ¿Wolff? Creo… no me acuerdo bien su apellido.
-¿Waldo Wolff? Es diputado nacional de Juntos por el Cambio.
-Sí. Él, en una entrevista televisiva, se refirió al Ministro de Seguridad. No sé si se acuerda, pero él dijo que se sintió ofendido porque el Presidente había puesto en duda la representatividad de la DAIA. El diputado hizo un enojo y apuntó con el dedo a la audiencia y responsabilizó al ministro de Seguridad en el caso de que hubiera un rebrote de antisemitismo en Argentina. En el mismo sentido, yo les digo a los actores políticos de la oposición que quieren criminalizar al pueblo indígena… ¿qué diríamos nosotros -el INAI, que brega por todos los derechos de la comunidad indígena- sobre todas las barbaridades e irresponsabilidades que dicen?
-¿Por ejemplo?
-Hoy, recibimos denuncias. Por ejemplo, hay niños mapuches que sufrieron bullying en las escuelas. Y que los compañeritos los han apuntado con el dedo diciéndoles que son terroristas. Entonces, en el mismo sentido que Wolff, primero, en su rol de diputado opositor y segundo, como miembro del pueblo judío -en el sentido étnico-, el pueblo indígena también se siente de la misma manera. Comparte el mismo sufrimiento.
-¿Entonces usted, en algún punto, está de acuerdo con la postura del diputado Wolff, pero le gustaría que haga el mismo hincapié que hace con la comunidad judía, con la comunidad indígena?
-Lo que quiero decir es que con tanta liviandad quieren tratar a un sector y con tanta severidad, al otro lado. Cuando también, desde el Estado, aún debemos reconocer el genocidio indígena. La conformación del Estado Argentino se realizó con el desplazamiento de pueblos enteros indígenas. Y no solo del pueblo mapuche. También, del pueblo Quom en la matanza de Napalpí, del pueblo Pilagá, con la matanza del Rincón Bomba y del pueblo Colla en el norte. Pareciera que esto no existe. Y no existe sensibilidad política de esto. Pero de otros lares, sí.
-¿Considera que el oficialismo tiene una buena predisposición con la comunidad judía?
-Te lo contesto, desde mi punto de vista indígena, ya que no es mi especialidad. Nosotros bregamos por el derecho de las minorías. De ninguna manera, se puede decir que el gobierno no tiene políticas a favor de la comunidad judía. Tiene un respeto y un sentido de política de Estado en relación a eso que va más allá de esto. Y es lo mismo que se necesita para el pueblo indígena. No se pueden volver a repetir los genocidios que yo mencioné.
-¿Cuándo piensa que se inició el reclamo de los pueblos originarios?
-Siempre lucharon los pueblos indígenas. Si no, no hubieran habido cambios en la Constitución Argentina. Por ejemplo, el Malón de la Paz entre los años veinte y cuarenta. Las matanzas que yo mencioné anteriormente fueron en respuesta a reivindicaciones. Por eso, estamos totalmente en contra de la criminalización de la reivindicación indígena, porque ellos fueron los que más perdieron en estas contiendas. Siempre hubo más muertes del lado indígena.
¿Y, entonces, cuando diría que se desató el conflicto por las tierras?
-Los indígenas lucharon junto a Güemes en lo que fue el proceso de conformación del Estado, porque les habían prometido que les iban a devolver las tierras. Pero eso nunca ocurrió. Los marqueses, por ejemplo, perdieron su título de nobleza, pero no sus tierras. Por eso, los indígenas seguían pagando tributos a los descendientes de los marqueses. Entre ellos, a los Álvarez Prado y a los Bárcena, descendientes del Marqués de Yavi. Y que hoy, siguen siendo los mismos terratenientes de Salta y Jujuy.
-Y también hay en casos en otras partes de la Argentina…
-Sí. Puedo hablar de la Sociedad Rural que se dividió la Patagonia. Las empresas forestales, el caso de Benetton… Pero, en fin, si tuviera que decirte cuándo se reactivaron los reclamos, sería después de la dictadura ya que fue el grupo más golpeado de todos. Por ejemplo, la Confederación Mapuche, que había luchado contra la dictadura de Neuquén, junto a otras organizaciones, se reunieron en Buenos Aires y se acercaron a los diferentes partidos políticos en la democracia: Alfonsín y el PJ. Y Alfonsín cumplió con lo que había prometido en su campaña. Y mandó al Congreso la Ley 23.602, la creación del INAI. Éste es un organismo especializado en cuestiones indígenas, con participación indígena Ahí se logró la identificación de los indígenas y empezó esta lucha.