El viernes se reunieron en la sede de la Legislatura porteña los empresarios Juan Navarro, del Exxel Group, y Juan Scalesciani, con el vicepresidente primero del cuerpo, Jorge Enríquez. El objetivo del encuentro -que, según allegados a Enríquez (UCR) fue gestionado por Scalesciani y, según otras fuentes, por la Presidencia de la Nación- fue la necesidad de los empresarios de encontrar una salida a un conflicto -tanto urbanístico como diplomático- que tuvo como resultado la paralización de la construcción de un centro internacional de la moda y un hotel de cinco estrellas, de diecisiete pisos, que se estaba llevando a cabo en el Palacio Duhau, situado junto a la Nunciatura Apostólica, en la Avenida Alvear y Posadas.
La reunión -en la que también estuvo presente el diputado Santiago de Estrada (Encuentro por la Ciudad)- fue duramente cuestionada por algunos diputados radicales, que dijeron que "es tan grave como si Yabrán fuese a la Casa de Gobierno".
Fuentes allegadas a la Legislatura afirmaron que, si bien el cónclave fue de tono cordial, el diputado Enríquez les manifestó a los empresarios que no se opone a las inversiones, pero que hay que respetar las cláusulas del Convenio de Viena y la solicitud del nuncio papal, Santos Abril y Castelló, que es el decano del cuerpo diplomático en la Argentina.
En la prehistoria del encuentro figura la preocupación -que se agrava día a día- de Scalesciani, que considera que le vendieron por 20 millones de dólares una antigua propiedad, un proyecto faraónico y un problema de difícil solución, que, para colmo de males, lo enfrenta con la Iglesia. Partiendo de allí se explica la presencia en la reunión de Juan Navarro, el empresario que le vendió el proyecto y la propiedad, al cual -si la construcción se detuviera definitivamente- Scalesciani le demandaría como mínimo la devolución de los 20 millones, a los que habría que sumarle, de acuerdo a fuentes ligadas con las investigaciones, cuatro millones más "por comisiones" y una posterior indemnización, difícilmente cuantificable por estos días.
De todos modos, en las filas del empresario italiano hubo -en el fin de semana que pasó- algunos movimientos. El arquitecto Diego Peralta Ramos fue despedido por ser considerado conflictivo para con los vecinos y porque sabía de los problemas que tendría la obra y no se lo comunicó a sus empleadores. El empresario también le pidió disculpas a Su Eminencia por las expresiones que virtió un miembro -que no se identificó- de su empresa, que trató de "caprichoso" al representante papal y luego aseguró irónicamente que éste "inauguraría las obras".
EL AMBITO DIPLOMATICO
En el ámbito diplomático, entretanto, se tomó el dictamen de la Procuración del Tesoro como de escasa entidad. "Si no hay un proyecto que respete la dignidad y la seguridad de las legaciones, podría dirimirse en la Corte Suprema de Justicia, e inclusive en el Tribunal Internacional de La Haya", aseguraron fuentes diplomáticas.
El nuncio está a la espera de que la empresa le haga llegar un nuevo proyecto, que le fue prometido por el propio Scalesciani en la reunión del miércoles pasado, en la que el preocupado empresario decidió suspender las obras "sine die", es decir, sin un plazo concreto, sino hasta que se solucionen los problemas existentes.
Mientras todos estos temas se tratan, tres nuevas legaciones extranjeras se sumaron al pedido del nuncio, entre las que se cuenta la embajada suiza, cuyo representante no estaba en el país cuando se produjeron los hechos. De esta manera, los países demandantes llegaron a 55, en un conflicto que seguramente -ante la falta de resolución por los canales adecuados- se agravará a medida que se extienda en el tiempo.
Scalesciani, por su parte, sigue sosteniendo conversaciones con los representantes de la embajada italiana, presuntamente interesados en adquirir el predio para instalar allí su nueva legación. De todos modos, los italianos, aunque verían con agrado la posibilidad de llevar la operación a buen puerto, esperan que su compatriota modere sus aspiraciones: creen que los 30 millones de dólares que les pide es un precio algo excesivo.
EL AMBITO LEGISLATIVO
El diputado de la UCeDé, Julio Crespo Campos, que llevó la voz cantante de la oposición en la requisitoria al secretario de Planeamiento Urbano, Enrique García Espil, que se llevó a cabo en la Legislatura entre el viernes 19 y el lunes 22 de octubre, exigió la renuncia de García Espil y de su segundo, Juan Carlos Poli. Además, Crespo Campos presentó un proyecto de interpelación -que debería desarrollarse en el propio recinto legislativo- contra el secretario de Planeamiento Urbano.
