A unos 150 ciudadanos bolivianos, residentes en la Ciudad de Buenos Aires, que se encuentran sin documentos personales, algo ideal para los empleadores esclavistas, se les prometió que se normalizaría su situación legal.
Estas promesas fueron realizadas por "el embajador y cónsul de Bolivia. De hecho el sábado 29 de octubre el cónsul concurrió al bar La Alameda y delante de más de un centenar de conciudadanos se llevó una lista de aproximadamente 150 personas y se comprometió delante de ellos a gestionar ante el Estado boliviano que se costee esa tramitación. Han pasado 40 días desde aquel compromiso y ni la Embajada, ni el Consulado han resuelto el problema", informaron activistas sociales de las organizaciones que realizarán el acampe.
El acampe lo harán, por tiempo indeterminado, a partir de este lunes, a las 15, en la puerta del Consulado de Bolivia en Argentina, ubicado en Alsina 1886, militantes de la Unión de Trabajadores de Unión de Trabajadores Costureros, de la Asamblea de Parque Avellaneda, y de la Coordinadora Territorial del Oeste.
El lunes 24 de octubre una delegación de La Alameda, inmueble donde funciona la Cooperativa de Trabajo 20 de Diciembre y la Cooperativa de Vivienda Alameda, un representante de la Defensoría del Pueblo y el director del periódico Renacer de la colectividad boliviana, Guillermo Mamani, concurrieron a la embajada de Bolivia a reunirse con el embajador, Arturo Liebers Baldivieso, y el cónsul, Gustavo Aliaga Palma, de ese país. Allí trataron la situación de esclavitud en la que viven cientos bolivianos indocumentados en talleres textiles clandestinos del sudoeste de la Ciudad.
"En dicha reunión se acordó que una de las raíces de esa salvaje explotación laboral son los problemas económicos para costear los trámites de documentación que tienen cientos de costureros y sus familias en Argentina. Se informó que en el CGP 7 se están expidiendo masivamente certificados de pobreza a fin de que estos ciudadanos no tengan que pagar la onerosa tasa migratoria cuando se radican, pero que aún estaba pendiente el problema de la documentación que cada uno de estos ciudadanos traen desde Bolivia (certificado de nacimiento y de antecedentes legalizados) que el consulado suele cobrar onerosamente sin considerar la situación de extrema pobreza en la que se encuentran muchos de sus conciudadanos en la Argentina", explicaron militantes sociales.
Desde la Defensoría del Pueblo reconocieron que por la explotación de personas en talleres ubicados en Parque Avellaneda, radicaron una denuncia penal en los juzgados federales. Al menos 40 talleres clandestinos de la Ciudad están siendo investigados por el organismo que dirige Alicia Pierini.
La Dirección General de Protección del Trabajo del Gobierno de la Ciudad "no tiene registros del funcionamiento de las fábricas ilegales", según datos de la página web de la Defensoría.
