El juez en lo contencioso administrativo Roberto Andrés Gallardo desató ayer una tormenta política de imprevisibles consecuencias al imponerle a la Legislatura porteña una multa diaria de 500 pesos -pagaderos por cada uno de los 60 legisladores- por cada día en el que insistan en incumplir una medida del Tribunal Superior de Justicia. Éste les ordenó a los diputados porteños que vuelvan a convocar a audiencia pública para discutir el pliego de Rodolfo Roque Spisso, aspirante a juez de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario.
El juez Gallardo falló tras un recurso de amparo que presentó ante su juzgado el propio Spisso, cuando la Legislatura decidió ignorar el 7 de marzo pasado la decisión del Tribunal Superior de Justicia, que cuestionó el procedimiento que utilizó el parlamento porteño para rechazar el pliego de antecedentes de Spisso. La observación del Tribunal, que es el equivalente en la Ciudad de la Corte Suprema, se produjo ante otro recurso de amparo que presentó Spisso, que cuestionó que en la audiencia pública que se produjo para debatir su nombramiento y presentar las objeciones a su candidatura, nadie se opuso a su designación.
Tras la audiencia pública, cuando la Comisión de Justicia se reunió para decidir acerca de la aprobación del pliego de Spisso, apareció una denuncia anónima, que cuestionaba al candidato a camarista por haber utilizado en el juicio por la herencia de su esposa una autorización firmada por su suegro, después de que éste había fallecido. Cuando Spisso fue citado por la Comisión para hacer su descargo, sus explicaciones no satisficieron a los diputados, por lo que éstos denegaron el acuerdo para su designación.
El Tribunal Superior no había cuestionado la negativa de los diputados a designar a Spisso, sino el procedimiento para emitirla. Les solicitó, entonces, que se convocara a una nueva audiencia pública, ya que en la anterior, Spisso no había podido defenderse públicamente de las acusaciones en su contra. Esta medida fue la que se negó la Legislatura a acatar y la que el juez Gallardo pretende obligarle a cumplir.
Las comisiones de ética y de justicia se reunieron en plenario con el procurador general adjunto, Víctor Zamenfeld, para decidir acerca de las medidas de Gallardo y del Tribunal Superior. Lo único que se acordó es que el fallo de Gallardo será apelado.
Algunos diputados plantearán directamente el juicio político al juez Gallardo, en tanto que otros -si bien podrían acordar con la medida contra Gallardo- plantearán además que la orden del Tribunal Superior debe ser acatada quedando como la otra opción, citar a una nueva Audiencia Pública para que Spisso ejerza sus argumentos.
