La pandemia de Covid-19 marcó la mayor parte del gobierno del presidente Alberto Fernández, quien culminará el próximo viernes su segundo año de mandato con un total acumulado de 117 Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) firmados desde su asunción, de los cuales 76 los firmó en el primer año de gobierno.
La mayor parte de esos decretos está vinculada con la gestión de la pandemia de coronavirus y sus efectos en la economía: tal vez el decreto de necesidad y urgencia más destacado que haya firmado el mandatario sea el que implementó el aislamiento social, preventivo y obligatorio a partir del 20 de marzo de 2020.
Después, el presidente recurrió a los DNU para fijar una serie de medidas de contención a la crisis económica provocada por la pandemia, como fue el caso del congelamiento de alquileres e hipotecas y la prohibición de despidos. También fue la vía para frenar los cortes de servicios en caso de mora o falta de pago y derogar el voto postal para los argentinos residentes en el exterior, entre otras iniciativas adoptadas por el Poder Ejecutivo sin pasar por el Congreso.
En los tres meses anteriores al inicio de la pandemia, Fernández había utilizado esta herramienta constitucional para intervenir la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), establecer la Emergencia Pública en Materia Ocupacional, derogar la creación de la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados y postergar el pago de bonos, entre otras iniciativas.
El inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional establece que el presidente podrá dictar “decretos por razones de necesidad y urgencia” únicamente “cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes”
También establece que debe hacerlo “en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de Gabinete”. Sin embargo, el texto aclara que los DNU no pueden ser en temas que “regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos”.
El presidente que más veces recurrió a los decretos de necesidad y urgencia fue el riojano Carlos Saúl Menem, quien utilizó su lapicera en 284 ocasiones para rubricar esos textos en sus 10 años de gobierno. Sin embargo, si se tiene en cuenta su larga gestión al frente de la Casa Rosada, su promedio no es tan alto, a diferencia del de Eduardo Duhalde, que firmó 156 DNU en menos de 17 meses.
Néstor Kirchner firmó 239 DNU, mientras su sucesora Cristina Kirchner rubricó 82. En este “ranking” le siguen el presidente Mauricio Macri, con 73 DNU en cuatro años de Gobierno; Fernando De la Rúa, con 60 durante sus dos caóticos años de presidente; y Raúl Alfonsín, con 6 decretos de necesidad y urgencia en 6 años.
Curioso es el caso de Adolfo Rodríguez Saá, que en su breve interinato de una semana firmó seis decretos de necesidad y urgencia: fijó su sueldo en 3 mil pesos; modificó el Impuesto sobre los Débitos y Créditos en Cuenta Corriente Bancaria, congeló las vacantes existentes en la Administración Pública Nacional; suspendió el servicio de telefonía móvil a funcionarios y empleados del Gobierno; ordenó la venta de todo el parque automotor del Estado Nacional para solventar el gasto de programas alimentarios y de empleo; creó el Fondo de Liquidez Bancaria y declaró el estado de emergencia del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
