El estamento Legislatura ya tiene definido sus tres representantes en el organismo rector de la Justicia porteña. Los elegidos son los doctores Abel Fleitas Ortiz de Rosas, Sebastián Destéfano y Bettina Castorino. Pero los letrados deberán esperar seguramente hasta el martes próximo para ser confirmados por el cuerpo en sesión especial. Asumirán el día 18 de diciembre en el edificio de Leandro Alem 614, al decir de uno de ellos, "con beneficio de inventario porque no sabemos con lo que nos vamos a encontrar".
Los consejeros salientes, con Juan Octavio Gauna (UCR) y Gloria Bonatto (ex PJ) a la cabeza, arrastran una causa penal por presuntas irregularidades durante su gestión, que incluye "administración fraudulenta y malversación de fondos públicos", a lo que se le sumaría un fuerte cuestionamiento por el tratamiento de los concursos. Al decir de muchos postulantes, éstos se inclinarían por recurrir a la Justicia penal y calificaron a los concursos realizados "una burda truchada, como todo lo que hacen". Incluso cuatro camaristas en lo contravencional habían impugnado y denunciado en la Comisión de Justicia estos compulsas con la figura de "violación de anonimato", entre otras irregularidades.
Los imputados están apurando los pliegos del fuero Contravencional y de Faltas, concurso que empezaron en el año 1999. Quieren resolver con su lapicera en los últimos 20 días lo que no hicieron en tres años y medio. Desde la Legislatura aseguraron que van a revisar absolutamente todo lo que llegue en estos días y que existen grandes posibilidades de que el orden de mérito lo dicten las nuevas autoridades del Consejo y no las salientes.
Mientras tanto la Legislatura sancionaría este jueves las reformas a la Ley 31 de creación del Consejo, que entre otras cosas incluirían la modificación del Consejo Académico y la figura de revocamiento de mandato mediante juicio político a patir de la tipificación del mal desempeño. Incluirán también la reducción de sueldos y dietas de los consejeros y el establecimiento del pago de impuesto a las ganancias, del cual se habían autoeximido los actuales funcionarios judiciales.
