La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires llevó a cabo una investigación en la que se demuestra la falta de control, las irregularidades, las prácticas oligopólicas y los sobreprecios de hasta el 27.500 por ciento en la compra de medicamentos en los hospitales porteños durante el 2000 y el 2001. La misma fue acompañada en el último tramo por la vicepresidenta de la Comisión de Salud de la Legislatura de la Ciudad, Irene López de Castro (Bases y Punto de Partida). El muestreo se realizó a partir de datos y análisis comparativos previos a la eliminación del sistema de convertibilidad del peso, la escalada inflacionaria y el fuerte aumento del dólar. Las diferencias de precios se detectaron entre hospitales públicos, dependientes de la Ciudad de Buenos Aires.
La pesquisa se sustenta en cuarenta y cinco cuerpos y más de ocho mil fojas, originados fundamentalmente en respuestas a pedidos de informes realizados por la Defensoría a nosocomios tanto públicos como privados. Los mismos se centraron en el requerimiento del envío de toda la documentación, consistente en la nómina de medicamentos y sueros utilizados por cada hospital en los años 2000 y 2001, en el que se debía incluir fecha de compra, copia de la orden de compra, nombre genérico y de fantasía del medicamento, proveedor, cantidad, precio unitario abonado y un informe de la modalidad utilizada por cada establecimiento asistencial para la compra de los mismos -fondo de emergencia, licitaciones, etcétera- y copia de documentación respectiva.
El informe presentado por la defensora del Pueblo porteña, Alicia Oliveira, se basa en 23 drogas tomadas al azar, en las que se descubrieron sobreprecios que oscilan entre el 196 por ciento y el 27.500 por ciento. La más escandalosa de todas ellas es la de la Ceftriaxona -presentación de 1 gramo-. Mientras que el Hospital General de Agudos "Cosme Argerich" presentó una oferta de 22.00 pesos, el Hospital de Gastroenterología "Carlos Udaondo" pagó 0.08 pesos por idéntico contenido. La diferencia es del 27.500 por ciento.
En el Paracetamol -presentación de 500 mg-, la discrepancia entre lo que pagó el Hospital Psicoasistencial Interdisciplinario "Dr. José T. Borda" -0.02 pesos- y el Argerich -3.75 pesos -, resulta del 18.750 por ciento. En tanto que por el Fenobarbital -200 mg. presentación de ampollas por 2 ml- el Hospital "Bernardino Rivadavia" abonó 0.09 pesos, mientras que el Hospital de Emergencias Psiquiátricas "Torcuato De Alvear" pagó por este insumo 4.55 pesos, 5055 por ciento más que el primero.
Durante el periodo investigado por la Defensoría, los secretarios de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fueron: Héctor Lombardo, Marcos Buchbinder y Aldo Neri. Con el objetivo de que investigue la posible comisión de delitos de acción publica, Oliveira elevó el informe a la Fiscalía de Cámara Nº 3 en lo Criminal y Correccional a cargo de Norberto Quantín.
Además, por incumplir lo establecido en las leyes 3 y 104 de esta ciudad, que obligan a los funcionarios porteños a informar ante un requerimiento de la Defensoría, a los directores de los Hospitales General de Infecciosos "Francisco J. Muñiz"; General de Agudos "A. Zubizarreta"; General de Agudos "E. Tornú"; Neuropsiquiátrico de Mujeres "Braulio Moyano"; de Odontología y General de Niños "Pedro de Elizalde", también se le podrían abrir sumarios administrativos, a cargo de la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires.
La diputada López de Castro confirmó que la Defensoría venía llevando actuaciones de oficio. "Hay tres actuaciones -sostuvo- del año 2001, una actuación del año 2002, que es todo el expediente que nosotros trabajamos para esta investigación y realmente hay sobreprecios escandalosos porque, según la resolución de la Defensoría Nro. 3180, yo le puedo decir que hay sobreprecios que van desde el 96 por ciento al 27.500 por ciento".
Continó diciendo que "esto está en manos de la Fiscalía del Doctor Quantín. Si usted me pregunta quiénes ocupaban los cargos, si la memoria no me falla, en el año 1998 el Secretario de Salud era el Doctor Héctor Lombardo. Después le sucedió el Doctor Marcos Buschbinder y la Subsecretaría de Gerenciamiento Estratégico en ambos casos era la señora Amanda Rubilar. Lo que nosotros analizamos es ese período. En el 2001 tuvimos al Secretario Aldo Neri que pasó muy breve tiempo en la gestión".
"Actualmente el secretario de Salud es el doctor Alfredo Stern y el subsecretario de Gerenciamiento Estratégico es el contador Pablo Massa, que obviamente han encarado la situación desde otra manera, porque en el mes de febrero de este año, a los poquitos meses de asumir, el propio Secretario de Salud dictó una resolución por la cual aquellos directivos generales de hospitales que no cumplieron precisamente con todo lo que establece la herramienta del Fondo de Emergencia iban a ser sancionados", finalizó López de Castro.
Para Oliveira "lo expuesto da cuenta de indudables mecanismos o prácticas irregulares en las compras de insumos medicinales efectuadas por los hospitales públicos de la Ciudad, los cuales pagan precios sumamente diversos entre sí, y generalmente mayores que las instituciones privadas, no obstante pagar en tiempo y forma y adquirir en mayor volumen de compra", expresa la resolución.
LOS OLIGOPOLIOS PORTEÑOS
"Resulta evidente la ineficiencia del sistema de compra, la pésima utilización y la innegable responsabilidad por acción o por omisión de los funcionarios competentes en el ámbito del Gobierno de la Ciudad, no obstante, no menos clara resulta la nefasta y harto conocida, política de deslealtad comercial y competencia imperfecta verificada en el mercado de la comercialización de medicamentos", expresó Oliveira, que además agregó que el informe demuestra que las prácticas oligopólicas (unas pocas empresas se reparten un mercado cerrado, cautivo y absolutamente dependiente) son una problemática de extrema gravedad que se observa prácticamente en todas las naciones. Pago de patentes medicinales, derechos o royalties, aumentos de precios desmedidos, desabastecimiento, y actividades monopólicas y oligopólicas, en síntesis, son algunas de las variantes del negocio del medicamento".
"Así, se observa -expresa la resolución- que los hospitales públicos deben adquirir los insumos medicinales a una veintena de comercializadoras, de las cuales sólo unas pocas concentran la mayor parte del mercado, de más está señalar que fijan precios discrecionalmente, cobran por el mismo insumo valores absolutamente diferenciados a los distintos establecimientos, en misma época y con la misma modalidad de pago, no entregan productos generando desabastecimiento y aumentos desmedidos de precios, y se presentan alternativamente en las licitaciones públicas con precios antojadizos, tal como se verificara en el caso de la adquisición de oxígeno medicinal, temática en la cual oportunamente esta Defensoría emitiera la Resolución Nº 2845/01, con recomendación y denuncia penal".
"No obstante lo antedicho, las prácticas oligopólicas observables de parte de las empresas relacionadas con el negocio del medicamento es sólo una de las patas de este problema. Las restantes las constituyen, si duda, la ineficacia de los órganos e instituciones públicas, la falta de controles, los mecanismos de compra ineficientes y la complicidad y responsabilidad por acción o por omisión de los funcionarios públicos rayano con la corrupción", argumenta Oliveira desde la resolución.
CONCLUSIONES
La Defensoría del Pueblo aseguró en la resolución que "resulta de más obvio señalar que los volúmenes de compra de las instituciones privadas y comunitarias son marcadamente menores a los realizados por los hospitales públicos, razón por la cual, resulta todavía menos razonable que los primeros obtengan mejores precios que los segundos. Por otra parte, con relación a los pagos, durante los años 2000 y 2001 no se verificaron incumplimientos importantes de parte de los estamentos del Gobierno de la Ciudad con relación a sus proveedores, razón por la cual, tampoco resulta motivo o causa que justifique los precios más bajos abonados por las instituciones privadas".
"La investigación también nos ha permitido demostrar que el presupuesto de salud, en muchas ocasiones, es a todas luces ineficientemente administrado y se maneja con innegables bolsones de corrupción (…) que hacen de la salud un formidable negocio para pocos", afirmó Oliveira quien además, a través de esta resolución, le recomendó al secretario de Salud porteño, Alfredo Stern que realice una investigación para deslindar las responsabilidades que le caben a algunos funcionarios, tanto por no responder a los pedidos de informes elevados por la Defensoría, como por las practicas irregulares. Todo esto sin perjuicio de la pesquisa que el fiscal Quantín deberá iniciar al respecto.
