"Los que están en el fondo del pozo quieren internarse, pero están al margen de los programas vigentes", dejaron asentado una decena de curas villeros de la Capital Federal en una nota dirigida al funcionario judicial encargado de proteger y hacer valer los derechos de los menores de edad en el distrito porteño. Justamente el asesor tutelar, Gustavo Moreno, interpuso una acción judicial contra el Gobierno que dirige Jorge Telerman por la "omisión" a la atención de los consumidores de sustancias ilegales.
Finalmente el jueves de la semana pasada el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Hugo Zuleta, habilitó suspender la feria judicial en el caso puntual de este expediente y que los mecanismos legales continúen con normalidad.
Estas palabras de niños "con manos moradas, en hojotas, casi sin ropa, labios partidos, pies lagados, flaquitos, muy flaquitos caminando de aquí para allá todo el tiempo", conmovieron al titular del juzgado N° 10 y lo llevó a decidir que la causa no debía dormir en los escritorios gubernamentales y de esta manera obtener una rápida respuesta del Ejecutivo.
TRABAS POR LA CLÍNICA CONTRA EL PACO
Este medio dio a conocer a mediados de diciembre la denuncia por la falta de un plan de atención a los adictos y cinco días después el Ejecutivo lanzó un programa contra el "paco", que implica enviar a la Legislatura porteña un proyecto de ley que crea el Plan de Atención Integral sobre Consumo y Dependencia de la Pasta Base de Cocaína (paco), y la puesta en funcionamiento de un centro de internación especializado en la atención integral de los adictos a esta droga, sito en la avenida Independencia al 947 y 955.
La potencial clínica para adicto tiene la particularidad que es un edificio gestionado desde hace tres años y escriturado, o sea comprado por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) el pasado 20 de marzo para destinar al Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI). Tras no efectivizarse el traspaso frenado por el proyecto que se elaboró principalmente desde el Ministerio de Derechos Humanos y Sociales, a cargo de Gabriela Cerruti, cinco familias del MOI habitan las instalaciones de la ex clínica desde noviembre. Luego se presentó una orden de desalojo, que generó preocupación entre los militantes y la intervención de los dirigentes sindicales de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), a la que adhiere el MOI.
El secretario general de CTA Capital, Fabio Basteiro, que mantuvo negociaciones con el jefe de gabinete de Cerruti, Alejandro Mosquera, afirmó en declaraciones a este medio que no hay nada definido con la ex clínica de la avenida Independencia, contrario a lo que se sostiene desde el Gobierno que pregona tener el acuerdo resuelto y por el que destinará a las 30 familias a otro inmueble.
"Nos involucramos para llegar a un diálogo. Nosotros no vinimos a negociar la entrega del edificio, el MOI es quien decide pero frente a un desalojo todas las organizaciones de CTA nos vamos a solidarizar. De todas maneras el proyecto del MOI y del Gobierno podrían convivir, no son antagónicos. Igualmente no hay nada cerrado", expresó Basteiro alejando toda posibilidad de solución definitiva a corto plazo.
"No nos oponemos a la atención a los chicos pero lo nuestro es vivienda y no queremos dejarlo. Somos una organización que propone no que hace lío pero tampoco masticamos vidrios. El Gobierno dice que negocia pero no es así. El dictamen de Procuración señala el destino que tendrá el lugar y eso se acordó con Desarrollo Social", manifestó una militante del MOI.
