La presunta existencia de algunas irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial, una de las causas judiciales que tuvo cierta relevancia a fines del 2021, a partir de una serie de allanamientos que ordenó la Justicia. La escalada pública del tema impactó en la Corte Suprema, que rápidamente puso límites a la gestión de Aldo Tonón, el director del organismo..
Pero eso no fue todo, en los días previos a la feria judicial de verano llegó a la Justicia una nueva denuncia por supuesta corrupción en la contratación de dos firmas: en una de ellas no se habrían cumplido los requisitos licitatorios legales y tampoco se prestaban los servicios de emergencias médicas acordados, siempre según la denuncia; mientras que la otra firma supuestamente es una empresa fantasma.
La denuncia lleva la firma del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju) y fue presentada en el Juzgado de Daniel Rafecas, que ya tiene avanzada otra investigación por una supuesta contratación de un software para controlar a algunos trabajadores y trabajadoras del organismo. Sin embargo, el magistrado elevó la presentación a la Cámara y esta finalmente dictaminó que el juez Ariel Lijo y el fiscal Carlos Stornelli eran competentes.
Según fuentes judiciales, se espera que en los primeros días de febrero, apenas termine la feria judicial, la causa comience a moverse. En principio porque Stornelli ya le pidió al juez que cite al denunciante a ratificar la denuncia y a exponer más detalles acerca de la acusación. Lo mismo con un puñado de empleados de la Administración de la Obra Social tras librar un oficio a Tonón para que informe la nómina de empleados y empleadas del organismo.
Pero además, también fueron citados a declarar los directivos de las empresas Emergencias Médicas Integrales S.A. y Farmandat S.A, cuyas contrataciones por parte del organismo fueron puestas en la mira por parte del denunciante y los investigadores pretenden ahondar en la posibilidad de que efectivamente haya habido un delito.
▶ Las dos empresas en la mira por la Obra Social del Poder Judicial
En la denuncia radicada en Comodoro Py piden que se investiguen supuestas irregularidades “graves” en torno al vínculo entre la Obra Social del Poder Judicial y Emergencias Médicas Integrales.
La presentación del Sitraju señala: “Se trata de la contratación por licitaciones que siempre se le adjudicó a la misma empresa durante diez años, por una suma equivalente a 100 millones de pesos”.
Para el sindicato, esa empresa “no cumplía con los requisitos mínimos” ya que supuestamente el pliego de licitación redujo a 12 meses el patrimonio mínimo de prestación de servicios cuando regularmente es de 24 meses. Y más: presuntamente la firma tampoco podía acreditar esos 12 meses de servicio al ser contratada.
La presentación agrega también que a esa empresa se le adjudicó el servicio de emergencias médicas “en todo el interior del país” pero en realidad “por manifestaciones de afiliados de distintas provincias llega a nuestro conocimiento que no contaban con el servicio en las distintas provincias del país (…) es decir que sólo los prestaba en la ciudad de Córdoba capital”.
Los investigadores también quieren escuchar en febrero las explicaciones de los directivos de Farmadant S.A., empresa que supuestamente fue contratada por la Obra Social para “controlar las recetas que presentaban las farmacias” y que sería, a criterio de los denunciantes, una firma fantasma.