En Buenos Aires, la basura huele mal

En Buenos Aires, la basura huele mal

En febrero de 2002 vence el contrato de las empresas recolectoras de los residuos que generan los porteños, pero la licitación para renovarlos aún no está lista, por lo que la administración Ibarra está pensando en prorrogarlos. Una sola empresa: Cinturón Ecológico Area Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), inspecciona a las empresas recolectoras, luego pesa los camiones que éstas llevan a sus basureros y , finalmente les cobra a los municipios de acuerdo con el peso que midieron sus propias balanzas


A medida que se acerca el momento de llamar a una nueva licitación para renovar los contratos de las empresas que se ocupan de la recolección de los residuos urbanos, cada vez queda más claro que ésta no llegará a tiempo. El contrato con las cuatro empresas: EcoHábitat, Solurban, CLIBA y AEBA, vence el 28 de febrero de 2002 y, como ya es una constante, la administración Ibarra se dispone a prorrogarles el contrato, ante las demoras en la nueva licitación.

En el mes de junio, los contratos de la recolección de residuos pasaron a depender de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo sustentable, en ese tiempo a cargo de Norberto La Porta. Anteriormente, dependían de la Secretaría de Obras Públicas. En ese entonces se formó una
Comisión que debía encargarse de confeccionar los nuevos pliegos para la licitación que iba a realizarse en el mes de octubre, aproximadamente. La Comisión estaba a cargo del que era entonces el subsecretario del área, Eduardo Ricciutti, ahora a cargo de la secretaría que La Porta abandonó para ir a hacer campaña con las huestes de "Lilita" Carrió. Los funcionarios principales que lo acompañaban eran Alberto Olveira Rial, director general Ténico-Administrativo y Legal;
Alejandro Rofman, subsecretario de Desarrollo Sustentable y Gabriela Faustinelli, directora general de Higiene Urbana.

A partir de junio, la Comisión – según se prometió – tendría listos los pliegos en un plazo no mayor a un mes, o dos. Han pasado casi cuatro meses y nada se sabe de aquella Comisión, ni de los nuevos pliegos que debe confeccionar. La única información más o menos confiable acerca de éstos es que ya la Ciudad no pagará más la recolección por tonelaje levantado, sino por "área limpia".

UN TEMA ESPINOSO

Se dice que a partir de la próxima licitación, con el nuevo método de inspección por "área limpia" y con la implementación de los cestos diferenciados para distintos tipos de residuos, en Buenos Aires bajará sensiblemente el nivel de contaminación y se habrá dado un paso adelante en
el mejoramiento de la limpieza de la urbe.

Puede que esto sea posible, pero no se podrá mejorar la limpieza sin mejorar el sistema de inspección. Cuando se hizo la licitación anterior, en 1997, en el artículo 46 del Pliego de Bases y Condiciones se le otorgaban las tareas de inspección a los agentes de la Dirección General de Servicios. Desde el principio, esto fue modificado. Por un tiempo, la tarea de inspección de la Zona 1 – la más importante, por volumen de trabajo – estuvo a cargo de una comisión ad-hoc de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, que cobraba por la tarea una suma cercana a los 14 mil pesos al mes. Posteriormente, esa tarea fue adjudicada, luego de una nueva licitación, a la empresa IATASA, que pasó a cobrar por el mismo trabajo una suma cercana a los 98 mil dólares mensuales.

Mientras esto ocurría, la inspección de las Zonas 2, 3 y 4 le fueron adjudicadas a Cinturón Area Metropolitana, Sociedad del Estado (CEAMSE), por un convenio firmado con el Gobierno porteño. El detalle es que este convenio incluye una cláusula – la número 6 – que indica que éste debe ser
aprobado por la Legislatura porteña, un requisito que no fue cumplido hasta hoy, cuando los contratos están a punto de vencer.

En este convenio, la Ciudad cede varias de sus atribuciones al CEAMSE, que primero inspecciona el trabajo de las empresas recolectoras, luego pesa la basura que esas mismas empresas le llevan para que se ocupe de su disposición final, y finalmente les cobra a los municipios el importe que surge del tonelaje que mide su propia balanza.

Pliegos demorados, inspecciones inconvenientes, demoras incomprensibles en la adjudicación de uno de los contratos más importantes que tiene la ciudad, que suman alrededor de 150 millones de dólares. La nueva licitación tiene la palabra.

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