El martes diversos sectores vinculados al kirchnerismo realizarán una marcha para pedir la renuncia de los jueces de la Corte Suprema de Justicia y de esta forma se configurará un nuevo capítulo de tensión entre el oficialismo y el máximo tribunal.
Varios de los dirigentes que impulsan la marcha enfrentan o enfrentaron procesos en la Justicia, una lista encabezada por la vicepresidenta Cristina Kirchner, que si bien no apoyó la movilización de manera pública, tan solo días atrás, desde Honduras, dijo que antes en América Latina había golpes militares y “ahora golpes judiciales”.
Aunque el Gobierno se despegó formalmente de la iniciativa (pese a que el Presidente y algunos funcionarios lo apoyaron), el contenido de los reclamos que se harán frente al Palacio de Justicia es muy similar a los que vocifera el sector más duro del Frente de Todos: la agrupación Justicia Legítima difundió la semana pasada un comunicado en el que pidió, entre otras cosas, “democratizar la justicia con perspectiva de género” y “el fin del lawfare”.
El otro sector que participa del armado de la movilización, integrado por el juez penal porteño Juan María Ramos Padilla, el dirigente piquetero Luis D’Elía y el dirigente sindical Pablo Moyano, pide, desde una posición acaso más extrema, la renuncia y remoción de los jueces del máximo tribunal.
“Que se vayan a patadas”, dijo D’Elía sobre los cortesanos. También formó parte de la organización de la protesta la pareja del exministro kirchnerista Julio De Vido, Alesandra Minnicelli, quien comanda el Foro por la Democracia y los Presos Políticos.
Pero además, también se movilizarán las organizaciones Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, H.I.J.O.S. Capital, la Asamblea Permanente por los Derechos humanos (APDH) y otros organismos de Derechos Humanos, que ya emitieron un comunicado a favor de la democratización de la justicia.
El Frente Sindical, que reúne a más de 50 gremios, adquirió un importante protagonismo en la iniciativa, y entre los organizadores dan por descontado que los gremios de Camioneros, la CTA, ATE y Sitraju movilizarán a sus trabajadores a la protesta.
Los reclamos hacia la corte fueron volcados en un documento que será leído en la Plaza Lavalle sobre un escenario. Según el diario La Nación, la redacción del documento estuvo signada por discusiones en torno al tono de las consignas: no todos los sectores que participarán de la protesta estaban de acuerdo con pedir la renuncia de los cortesanos.
Aunque varios funcionarios del gobierno nacional se manifestaron abiertamente a favor de la movilización y replicaron las críticas a los jueces de la Corte, la portavoz Gabriela Cerruti dijo el jueves pasado que el Gobierno “no toma postura sobre las marchas que organizan los sectores sociales”.
Sin embargo, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Cristina Caamaño respaldó la movilización en más de una oportunidad al sostener: “Estoy de acuerdo con la movilización del 1F porque la va a hacer el pueblo, la gente a la cual la Justicia siempre la da la espalda”.
También confirmó su adhesión y participación el ministro de Desarrollo Territorial y Habitat Jorge Ferraresi, y la Directora de Asuntos Jurídicos del Senado Graciana Peñafort. Otros funcionarios, como el viceministro de Justicia Juan Martín Mena y el ministro de Seguridad Aníbal Fernández, apoyaron la iniciativa con críticas hacia el Poder Judicial pero no precisaron si participarán.
▶ Críticas opositoras
A través de un comunicado, Juntos por el Cambio rechazó la marcha contra la Corte Suprema convocada por sectores del kircherismo y respaldada por funcionarios del Gobierno. Aseguraron que se trata “lisa y llanamente de una actitud golpista” y un paso más “en la política sistemática que asumió el oficialismo de atacar a los jueces que no se comportan según sus deseos”.
En el texto, la principal coalición opositora destacó que la marcha convocada para el 1 de febrero es un hecho de “suma gravedad institucional” y apuntó contra el presidente Alberto Fernández y su vice, Cristina Fernández de Kirchner.
“El interés del Gobierno siempre estuvo centrado en los jueces o tribunales en los que se tramitan las causas de corrupción que afectan, principalmente, a la propia Vicepresidente de la República”, indica el comunicado.