La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación recibió denuncias de un grupo de personas que, de acuerdo a su relato, fueron abordadas por una guardia armada del magnate inglés Joe Lewis de camino a Lago Escondido, lugar que se encuentra dentro de las propiedades patagónicas del empresario. Desde la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA), que llevó adelante el reclamo por la soberanía del lago, denunciaron un “acto de fuerza” contra la “marcha patriótica” que llevaban adelante. El rol de la justicia y la queja de los vecinos, parte del conflicto.
Integrantes de La Cámpora, el Frente Popular Darío Santillán, el gremio ATE y otros grupos realizaron una denuncia junto al FIPCA a la Secretaría de DD. HH. por haber sido abordados en su trayecto hacia Lago Escondido, a la altura del lago Soberanía, en plena protesta contra la apropiación del sitio por parte de Lewis. Los diversos grupos acusaron que la guardia privada les cerró el paso e incluso los amenazaron a punta de pistola.
Según informó Noticias Argentinas, la Patrulla de Montaña de Policía de Río Negro desconoció que se hubieran utilizado armas. Desde el FIPCA no sólo afirmaron que los hombres estaban armados, sino que se trataba de “empleados y sicarios contratados”.
“Hace instantes nos ingresaron denuncias de personas que se encuentran en este momento en el camino de montaña rumbo al Lago Escondido, en tierras de Joe Lewis. Más de 40 personas de civil llegaron al lugar con armas de fuego para amenazar y que no continúen la travesía”, anunció la Secretaría de Derechos Humanos que encabeza Horacio Pietragalla.
Hace instantes nos ingresaron denuncias de personas que se encuentran en este momento en el camino de montaña rumbo al Lago Escondido, en tierras de Joe Lewis. Mas de 40 personas de civil llegaron al lugar con armas de fuego para amenazar y que no continúen la travesía.
— Secretaría DDHH (@SDHArgentina) February 6, 2022
De la misma manera en la que se denunció el hecho ante la Secretaría de DD HH, el caso llegó a la justicia de Bariloche luego de que el integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Raúl Pytrula, presentara un hábeas corpus con el objetivo de garantizar “la integridad de las personas intervinientes en una marcha a realizarse por el camino Tacuifí hasta la margen del lago Escondido”. Sin embargo, el juez civil de Bariloche Mariano Castro rechazó el pedido.
El recorrido por Tacuifí, también conocido como Domingo Puchy y utilizado de forma privada por vecinos de la zona, también fue llevado a la justicia a través de un pedido de Montecino Odarda, hijo de la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda. En la solicitud, se presentó un amparo que también fue rechazado por el juez en Primera Instancia, Santiago Morán, que buscaba utilizar el camino privado mencionado anteriormente.
El texto de Odarda pedía que se “remuevan tranqueras, portones, cámaras de seguridad y elementos que obstaculicen o impidan el libre acceso” que estaban apostados sobre el camino Domingo Puchy para poder realizar la marcha del FIPCA y otras organizaciones bajo el lema “Las Malvinas son Argentinas, el Lago Escondido también”.
De acuerdo a NA, el titular de la Cámara de Turismo de Lago Puelo, Miguel Sosa, manifestó que el camino es utilizado desde 1996 para fines recreativos y esta habilitado para los habitantes que viven a más de dos horas del lugar, donde rigen prohibiciones que atenten contra la naturaleza como la caza y el acampe.
Como los distintos grupos y el FIPCA cargaban kayaks y carpas, de acuerdo a la versión de los “amigos de la Montaña” de la Comarca Andina y del Valle del Manso, se habría desatado la tensión para que dejen de avanzar sobre la zona.
Los vecinos de El Foyel también presentaron sus reparos contra la marcha. “Este camino es privado, los fiscales de la provincia se lo dijeron claro la última vez, no entendemos por qué siguen insistiendo. No hay ningún fallo judicial como ellos dicen, nosotros vivimos acá desde hace más de 150 años y este camino nunca llevó al lago”, cuestionaron.
Para el 9 de marzo, hay una audiencia citada por la Cámara de Apelaciones de San Carlos de Bariloche para resolver el problema, con la idea de construir un acceso público para el valle de El Manso.