La jueza de la Corte de Nueva York, Loretta Preska, rechazó una apelación presentada por el gobierno argentino contra una demanda de inversores italianos por los bonos del canje del 2005 y 2010 atados al PBI.
Los querellantes son Elazar Romano, Ape Group SPA, Romano Consulting SPA e Icaro SRL, personas físicas y jurídicas de Italia demandan por 126 millones dólares y 68 millones de euros.
El CEO de Latam Advisors, Sebastían Maril, le explicó a Noticias Argentinas: “En mi opinión esta demanda se va a consolidar con otras que se están llevando a cabo tanto en Nueva York, como en Londres por un total de 1.300 millones de dólares”.
Según señaló Maril, este año este año la Argentina tendrá que enfrentar el pago juicios por 649,4 millones de dólares.
Se trata de beneficiarios de sentencias finales y no apelables contra el Estado argentino que buscarán cobrar mediante embargos o presentaciones judiciales: Attestor Master Value por (US$ 68 millones), Trinity Investments (US$ 163,4 millones), Bainbridge Fund (US$ 93 millones) y Titan Corsortium (US$ 325 millones).
▶ Qué demandan
Las demandas contra la Argentina por los bonos atados al crecimiento, también conocidos como “Cupón PBI” tienen como origen un cuestionamiento a la manera en que Argentina manejaba sus estadísticas oficiales durante el período que se conoce como el de “intervención del INDEC” por el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno.
Los demandantes consideran que el estado argentino alteró los números para no pagar. Desde 2013 en adelante, los contratos de los bonos estipulaban que si el crecimiento del PBI superaba el 3,2% anual pagaban un adicional. Ese año la economía creció 3% y argentina evitó pagar 3000 millones de dólares.
El ministro de Economía de entonces era Axel Kicillof, quien meses antes había cambiado la manera de medir el crecimiento económico, algo que era legal porque estaba estipulado en los prospectos. Aún así, los bonistas demandantes consideran que hubo un manejo de los datos para evitar el pago.
En la apelación, los abogados argentinos consideran que se vencieron los 5 años que marca la ley de Estados Unidos para presentar demandas, pero la jueza Preska desechó el argumento.