La diputada nacional Paula Oliveto y el legislador porteño, Hernán Reyes, ambos de la Coalición Cívica, reclamaron al Ministerio de Desarrollo Productivo que indique los avances en la investigación sobre la llamada Causa de los Cuadernos de la corrupción del chofer Oscar Centeno.
En el escrito los dirigentes que se referencian en Elisa “Lilita” Carrió requieren que la cartera que conduce Matías Kulfas indique “si la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ha requerido, ofrecido o recibido información por parte de los Juzgados penales que se encuentran investigando los mismos hechos. En caso afirmativo, fecha del requerimiento y/o de la recepción de la información obrante”.
Además quieren saber si las autoridades de la cartera decidieron tomar la decisión de archivar la auditoría que se comenzó en la gestión de Cambiemos. En ese caso de ser así solicitan que se brinde información acerca del motivo y los detalles que llevaron a tomar esa decisión.
Al respecto, Reyes planteó: “En virtud de la confirmación del procesamiento de la ex presidente de la Nación en la causa de los cuadernos, es importante saber qué estuvo haciendo el Ministerio de Desarrollo y la Comisión de Defensa de la Competencia para colaborar con la Justicia en el esclarecimiento de este mecanismo de corrupción que aparece tan claro en expediente”.
Y agregó: “Nos llama especialmente la atención el hecho que el presidente Alberto Fernández haya anulado la autonomía de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y también que haya concentrado aquellas facultades bajo su órbita nos genera muchas sospechas”.
En el escrito afirmaron que “es relevante mencionar que ninguno de los elementos requerimiento de acceso a la información pública se encuentra alcanzados por la confidencialidad prevista por la Ley N° 27.442, dado que la ley se limita a otorgar la confidencialidad a las actuaciones respecto del control de concentraciones económicas, de documentación específicamente que (a pedido de parte o de oficio) haya sido declarada confidencial o de la identidad de quienes se presentan al régimen de clemencia”.
Oliveto y Reyes señalan también: “Consecuencia de ello, cualquier omisión o denegatoria de información será un incumplimiento expreso de lo establecido por la ley de acceso a la información pública”.
Para concluir, Reyes destacó que “la cartelización de la obra pública no solo es escandaloso por lo que significa un enorme entramado corrupto. Sino que lo es, además, porque impide la competencia y el crecimiento, desarrollo e intervención de las pequeñas y medianas empresas en la obra pública contratada por el Estado”.