Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº7 escucharon este jueves testimonios en el marco del debate donde se juzga a 17 imputados por el derrumbe ocurrido la madrugada del 10 de septiembre de 2010 en el boliche Beara, que generó la muerte de Ariana Lizarriaga y Paula Provedo. La próxima audiencia se llevará a cabo el 2 de marzo.
Los empleados del boliche Beara sostuvieron este jueves que el entrepiso que se derrumbó causando la muerte de dos chicas tenía una “grieta” y “vibraba”, en el marco del juicio oral que juzga a 18 personas por el episodio.
La camarera María Laura Lurgo dijo ante los jueces: “Decíamos que algún día se iba a caer, teníamos esa sensación porque vibraba”.
El día del derrumbe, el 10 de septiembre de 2010, Lurgo se retiró antes del incidente porque estaba embarazada y relató que su madre le informó de lo ocurrido. Y que sin conocer los detalles le dijo: “Se cayó el entrepiso, sabíamos que iba a pasar eso”.
El testimonio de la camarera es coincidente con lo declarado por los hermanos Aguirre, a cargo de la barra de tragos del entrepiso y del guardarropa, en cuanto a que la construcción no estaba en condiciones.
La responsable del guardarropa, Hilda Aguirre, mencionó que “el piso se movía, había unas aberturas en la parte del entrepiso, donde estaban las escaleras y el guardarropa. Tenían que ir a arreglar esa grieta esa semana pero se ve que no fueron”, recordó.
Por su parte, su hermano, el “bartender” Roberto Aguirre, confirmó que “cuando se apagaba todo se veía luz de abajo, se lo comenté a Dobrila (Agustín, uno de los tres propietarios, imputado en la causa) y me dijo que se lo había dicho a los otros dueños pero que le ‘ponían pilas’ al boliche de al lado, Caramel, en detrimento de Beara”.
El derrumbe que provocó la muerte de Ariana Lizarriaga (21) y Paula Provedo (20), ocurrió a las 3.50 de la madrugada. Por el incidente están siendo juzgados los tres socios que regenteaban el lugar, además de funcionarios del Gobierno de la Ciudad y policías federales.
Los empresarios Juan Yun, Agustín Dobrila e Iván Fliess afrontan la acusación de “homicidio culposo agravado por el número de víctimas en concurso ideal con lesiones culposas y leves”, y también son acusados de “cohecho activo” por el presunto pago de coimas a funcionarios y policías que permitieron que Beara funcionara pese a las irregularidades.
En cuanto a los funcionarios, son juzgados por los mismos delitos que los empresarios el ex director de Habilitaciones y Permisos del Gobierno de la Ciudad, Martín Farrell; el ex director de Habilitaciones Especiales, Pablo Saikauskas; el ex jefe del Departamento de Esparcimiento, Norberto Cassano; el arquitecto responsable de Verificaciones y Habilitaciones, Isaac Rasdolsky; y el inspector del Área de Esparcimiento, Carlos Gabriel Mustapich. Cerrando el grupo de funcionarios acusados está la ex directora de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad, Vanesa Berkowski, acusada de “incumplimiento de deberes de funcionario público”, por no haber fiscalizado debidamente.
Además están involucrados el excomisario de la Policía Federal, Rodolfo Cabezas, y los agentes Gustavo Flaminio, Luis Acosta y Julio González, por haber recibido cuatro sobornos de los dueños del boliche entre 2007 y 2010, según la acusación fiscal.