Cinco presidentes de cámaras federales de distintos puntos del país quedaron este viernes a cargo de actuar como jueces de la Corte Suprema para revisar en la máxima instancia la causa que investiga si existió espionaje político durante el Gobierno de Mauricio Macri.
Se trata de la causa que nació en Lomas de Zamora, en donde Cristina Kirchner se presentó como víctima y donde tras un primer procesamiento dictado contra las autoridades de la AFI entre 2015 y 2019, la Cámara Federal porteña aseguró en diciembre pasado que no había existido una asociación ilícita desde la conducción de espías durante la gestión de Cambiemos.
El caso tiene múltiples recursos en la Corte Suprema, entre ellos la queja de la vicepresidenta cuestionando que el caso haya abandonado los tribunales de Lomas de Zamora y haya quedado radicado en la sede de Retiro, por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal.
Según reveló la propia querella de CFK a inicios de febrero, los cuatro ministros de la Corte Suprema se excusaron de intervenir en la causa. “Al día de la fecha, el más Alto Tribunal del país carece de jueces hábiles para intervenir en este expediente”, dijo. Es que algunos entienden que habrían sido seguidos por los acusados, otros por razones de decoro y delicadeza.
En el escrito, la querella de la vicepresidenta indicó: “La conducta adoptada por los Sres. Ministros que integran la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dres. Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, quienes pese a encontrarse debidamente anoticiados de las irregularidades que se cometían en este expediente y no obstante la gravedad de la -6- situación planteada, no solo omitieron dar una respuesta jurisdiccional a los recursos deducidos (algunos de ellos, hace más de ocho meses), sino además, recientemente, han decidido apartarse de la causa, sin brindar una explicación suficiente que justifique tal temperamento. De esta manera, al día de la fecha, el más Alto Tribunal del país carece de jueces hábiles para intervenir en este expediente“.
Al no haber jueces de la Corte para intervenir –cuando sucede en este escenario-, se hace un sorteo entre todos los presidentes de las Cámaras Federales de todo el país, Casación incluida. En el sorteo del 22 de febrero, salieron elegidos los jueces Javier M. Leal de Ibarra (de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia), Ramón Luis González (de la Cámara Federal de Corrientes), Mario Rodolfo Leal (Cámara Federal de Tucumán), Mariano Llorens (Cámara Federal porteña) y Juan Pablo Salas (Cámara Federal de San Martín).
Tanto Salas como Llorens se excusaron. Llorens, precisamente, fue uno de los dos magistrados que, desde la Cámara Federal, dijo que la AFI macrista no había sido una asociación ilícita y provocó la reacción de la querella de la vicepresidenta. Y de hecho el kirchnerismo de la comisión bicameral de seguimiento a los organismos de inteligencia pidieron el juicio político en el Consejo de la Magistratura para Llorens y su colega Pablo Bertuzzi, que firmó la resolución.
Con la salida de Salas y Llorens, hubo entonces que convocar a los magistrado de la lista suplente. Al análisis de la causa del espionaje se sumarán el juez Juan Carlos Bonzón (de la Cámara en lo Penal Económico) y Guillermo Alberto Antelo (de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal), que ya aceptaron el cargo. Así, quedó conformada la Corte Suprema que evaluará esta causa: Leal de Ibarra, Gónzález, Leal, Antelo y Bonzón.
Mientras tanto, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación ya recibió las apelaciones de las distintas partes contra el fallo de la Cámara Federal. Ellos deberán evaluar si los planteos hechos por las distintas partes, entre ellos CFK, son admisibles de revisión por esa instancia. Allí no solo está la postura de los querellantes sino de los propios acusados, como los ex espías Leandro Araque y Facundo Melo diciendo que ellos cumplían órdenes
Todo se enmarca en la causa por el espionaje ilegal durante el macrismo que nació en Lomas de Zamora en medio de la pandemia. Allí primero se determinó que Cristina Kirchner había sido vigilada por agentes de la AFI en su domicilio y en el Instituto Patria, luego que había existido una seguidilla de seguimientos a políticos, gremialistas, jueces y periodistas, y más tarde se amplió la acusación por el monitoreo a presos kirchneristas.
El juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé, en sintonía con la fiscal Cecilia Incardona, aseguró que existió una asociación ilícita montada desde la AFI. La resolución se dictó cuando los jueces Borinsky y Carbajo ya había decidido que el caso era competencia de Comodoro Py. Bajo la lupa de los tribunales de Retiro, los jueces Llorens y Bertuzzi afirmaron a fines de diciembre que no había existido una asociación ilícita sino hechos puntuales de espionaje ilegal, y señalaron que varios de los hechos investigados tenían el respaldo de ordenes judiciales. También voltearon el capítulo de los presos k. Así las cosas, los jueces dictaron la falta de mérito de la mayoría de los implicados, aunque confirmaron los procesamientos de los integrantes del chat SuperMarioBross, los espías que compartían por WhatsApp los seguimientos que hacían.
En instrucción, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, que quedó a cargo de la causa, ordenó 43 medidas de prueba para reactivar la causa que investiga el espionaje ilegal a políticos, presos, periodistas y gremialistas. Fue así que convocó para que declaren como testigos al diputado del Pro Diego Santilli -fue una de las víctimas del espionaje-; al ex funcionario de Defensa José Luis Vila -sufrió un atentado en su casa-; a Mariano Macri, hermano del ex presidente a raíz de dichos suyo en el libro “Hermano” de Santiago O’Donnel sobre el manejo de las escuchas; y al juez que se negó a detener a los Moyano y denunció presiones de la AFI, Luis Carzoglio. También citó a la interventora actual de la AFI, Cristina Caamaño, por una entrevista que concedió días atrás. Antes de su declaración, la jefa de los espías deberá ser relevada del secreto por el presidente Alberto Fernández. A Caamaño también le pidió que aporte el video de la filmación en el Banco Provincia donde el entones ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, habla de conformar una Gestapo para perseguir a los gremios.