Roberto Gigante, exministro de Infraestructura del gobierno de María Eugenia Vidal, declaró este jueves en indagatoria, acusado de haber participado de la reunión en el Bapro en la que funcionarios, agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y empresarios acordaron cómo neutralizar los aprietes de Juan Pablo “Pata” Medina durante el gobierno de Mauricio Macri. Según la acusación, se avanzó contra el gremialista con métodos ilegales.
Gigante tomó distancia de la organización de la reunión. Dijo que a la mayoría de los presentes no los conocía y que no tuvo intervención en el desarrollo del encuentro. También, que nunca estuvo en la AFI y que ni él ni su ministerio intervinieron en las causas penales contra Medina.
No contestó preguntas ni habló frente al juez, pero presentó un escrito de 37 páginas con su descargo. En su escrito citó al exjuez de la Corte Raul Zaffaroni, que no suele ser un referente jurídico del macrismo. Lo citó como argumento doctrinario, en referencia a que nadie puede ser perseguido si no hay una conducta concreta delictiva que reprocharle.
El exministro de Vidal recordó otra reunión en la que el gobierno de la provincia trató el tema, de la que también participaron Marcelo Villegas y otros ministros. Sostuvo que en aquella oportunidad él manifestó su preocupación porque temía que el gremio de Medina complicara la obra del arroyo El Gato, en la que su ministerio tenía especial interés para evitar inundaciones.
La de Gigante fue la primera indagatoria de un exfuncionario en esta causa. Mañana será el turno de Villegas, el exministro que en la reunión del Bapro dijo que quería tener una “Gestapo” para terminar con los gremios.
Esa reunión fue grabada y la actual intervención de la AFI presentó el video en la justicia federal. Entre los participantes estaban funcionarios provinciales del gobierno de Vidal, agentes de la AFI, empresarios, el senador provincial Juan Pablo Allan y el intendente de La Plata, Julio Garro. Todos ellos están hoy imputados y fueron citados a declarar por el juez Kreplak. La declaración de Allan, sin embargo, está en suspenso porque, como es senador, no se le puede tomar indagatoria hasta que no le retiren los fueros.
Después de haber estado tres años y cuatro meses en prisión, Medina espera con detención domiciliaria el juicio oral por extorsión, asociación ilícita y lavado de dinero.