Días atrás, la Fiscalía Penal Nº11 que interviene en la causa del Correo, rechazó la denuncia que involucraba a un particular y acreedor de la quiebra del Correo Argentina, y que 20 años atrás había prestado conformidad con la propuesta de pago y recientemente señaló que le habían falsificado la firma.
La fiscalía en cuestión, comprobó que la firma era la del particular, con cual pidió el archivo de la denuncia.
Oportunamente, la fiscal Gabriela Boquín había expresado públicamente que el consentimiento para obtener las mayorías por parte de la defensa era falso y daba como ejemplo el caso Martín Mac Cormack, quién decía desconocer su firma.
La justicia penal a través de la Fiscalía 11 requirió un peritaje caligráfico que demostró que la firma correspondía a Martín Mac Cormack.
Novedades del caso indicaron además que la última semana, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Pablo Cayssials habría declaro la nulidad de la resolución de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) y del decreto presidencial que en 2018 cerraron el sumario administrativo sobre la actuación de agentes del Estado en el concurso del Correo Argentino.
En octubre de 2018, la entonces vicepresidenta Gabriela Michetti, por excusación del mandatario Mauricio Macri, firmó el decreto 907/2018 que rechazó el recurso de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) contra la resolución 218/40 de la Procuración del Tesoro que había concluido que los hechos investigados no constituían irregularidades y la inexistencia de perjuicio fiscal.
El concurso de acreedores del Correo comenzó en 2001, cuando la empresa del Grupo Macri ya había dejado de pagar el canon que le correspondía para explotar la concesión. No obstante, los efectos de la quiebra quedaron en suspenso por la apelación que interpuso la defensa de la empresa de la familia Macri.