La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó en general la Ley de Ética Pública, cuyos objetivos son regular el comportamiento ético y asegurar la transparencia en el ejercicio de la función pública. Su tratamiento en particular tendrá lugar el próximo jueves a partir de las 14, si es que no vuelven a producirse demoras.
Esta ley fue impulsada por varios proyectos cuyos autores son los diputados Roque Bellomo (Bloque Fuerza Porteña), Irma Gerch (UCR), Jorge Enríquez (Recrear para el Crecimiento), Alicia Pierini, Alberto Fernández (Bloque Justicialista), Delia Bisutti (ARI), Beatriz Baltroc (Bloque Autonomía Popular), Clorinda Yelicic (Partido Socialista) y Jorge Altamira (Partido Obrero).
La norma contiene los principios generales que fijan criterios comunes dentro de los cuales debe enmarcarse la tarea cotidiana de cada funcionario público, y busca – según se expresa en el despacho- "erradicar en el ámbito de nuestra Ciudad las prácticas de corrupción que hoy laceran las instituciones, afectando severamente a nuestro sistema democrático, restándole credibilidad y capacidad a los gobiernos, limitando la posibilidad que tienen para actuar con eficiencia sobre la realidad social".
El proyecto prevé la obligatoriedad de las declaraciones juradas en el momento de inicio y finalización de una función, y su actualización anual, con una detallada indicación de los bienes propios y de los pertenecientes a los cónyuges e hijos, así como los datos referidos a medios de vida de parientes por consanguinidad en línea recta y de los convivientes en aparente matrimonio.
Se deberá mencionar también a las personas físicas o jurídicas a las que el declarante les hubiere prestado algún tipo de servicio. El proyecto prohíbe, entre otras cosas, la aceptación de regalos. En la declaración jurada se deberán agregar las constancias o certificaciones que acrediten la idoneidad para el cargo designado. Se atribuye responsabilidad a quien lo hubiera propuesto o designado sin ese requisito constitucional.
El diputado Jorge Enríquez señaló que "necesitamos reglas claras y estrictas en materia de ética pública que permitan reducir significativamente el campo de acción de los dirigentes corruptos y faciliten la información de los ciudadanos acerca de la evolución patrimonial de los funcionarios".
"La política está desprestigiada, por muchos motivos válidos -concluyó- pero las generalizaciones son siempre injustas. Es hora de separar la paja del trigo: quienes tenemos una vida límpida y honesta somos los más interesados en que este proyecto se apruebe a la brevedad, para dar más transparencia a nuestros actos y dejar de sentir que al cumplir una vocación de servicio echamos nuestra honra a los perros".
Por su parte el legislador demócrata progresista Oscar Moscariello, que apoya la candidatura a jefe de Gobierno de Mauricio Macri, sostuvo que "la sanción de la Ley de Ética Pública es el mejor mensaje que la Legislatura le puede transmitir a la sociedad. Sin duda en los últimos años hubo una crisis de las normas y un debilitamiento del sentido moral".
Según el presidente del bloque Juntos por Buenos Aires "en Argentina hay una tendencia a la anomia y a la ilegalidad, que ha fomentado una cultura de la indiferencia a la observancia de la Ley y fundamentalmente el convencimiento popular de que quienes ejercen el poder tienen un manto de impunidad que los protege".
La Ley de Ética Pública estuvo a punto de ser tratada durante los dos últimos meses pero la falta de acuerdos políticos y las disputas preelectorales lo impidieron.
