En las próximas dos semanas tendrá lugar el primero de una larga lista de compromisos “laterales” asumidos por el Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional en el programa económico: “adaptar” el presupuesto que quedó vigente tras el rechazo del Congreso al proyecto de ingresos y gastos para 2022 a las nuevas condiciones macro establecidas en el acuerdo.
Para eso, el Poder Ejecutivo buscará modificar por la vía administrativa el presupuesto 2021 prorrogado para este año y evitará así tener que discutir en el parlamento un nuevo proyecto, sobre todo teniendo en cuenta la interna del Frente de Todos.
Según explicaron fuentes oficiales a Infobae: “Las adecuaciones pueden hacerse o por decisión administrativa o resolución; en ese caso no se comunican al Congreso. Cuando se hacen por decreto de necesidad y urgencia, sí se comunica al Congreso”.
De acuerdo a la hoja de ruta prevista con el FMI, esa adecuación podrá hacerse con tiempo límite hasta el 15 de abril próximo.
▶ ¿Qué son las modificaciones presupuestarias?
Según la definición que ofrece la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), “las modificaciones presupuestarias son variaciones que experimentan los créditos presupuestarios originalmente aprobados a nivel de las diferentes categorías programáticas, de acuerdo a las normas legales vigentes. Se originan por varios motivos entre los cuales pueden mencionarse las sobreestimaciones o subestimaciones de dichos créditos, incorporación, reducción o eliminación de categorías programáticas y cambios no previstos en la proyección de los ingresos”.
Un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) puso en números las modificaciones presupuestarias ya realizadas por el Gobierno nacional en lo que va del año. El 9 de febrero pasado se aprobó, vía resolución administrativa, un cambio que recalculó en $224 millones los ingresos del Estado y en $655 millones los gastos, lo que implica un resultado negativo por $431 millones.
En este caso, el Poder Ejecutivo debería adaptar la estructura de fondeo a los distintos programas de política pública a las nuevas metas acordadas con el Fondo. A saber: el objetivo de déficit primario equivalente al 2,5% del PBI como techo y las metas trimestrales que tendrá cada revisión.
Para fines de marzo, según la letra chica del acuerdo, la cifra que actuará como referencia de techo para el caso del déficit primario será de $222.300 millones. Asimismo, solo permitirá un valor de 535.900 millones de pesos como deuda “flotante”, es decir pagos atrasados del ejercicio anterior. Este último número se mantiene fijo a lo largo de 2022.
Luego habrá metas indicativas para dos aspectos: recaudación y gasto social. En el primer aspecto, el Gobierno debería tener un ingreso real 2,417 billones de pesos entre los primeros tres meses del año. Además, habrá erogaciones en programas de asistencia social que tendrán un cupo mínimo de casi $152.000 millones.
Sobre las metas monetarias, ligadas a la gestión del BCRA, habrá dos criterios de ejecución y una meta cuantitativa. En el primer grupo se listan el piso de variación reservas internacionales netas del Banco Central y el tope del financiamiento monetario desde la autoridad monetaria hacia el Tesoro. Hacia finales de marzo, las reservas deberían haber aumentado USD 1.200 millones en forma neta, mientras que la monetización del déficit tendrá como techo una suma de $236.800 millones.
Según un informe de la consultora PxQ, que dirige Emmanuel Álvarez Agis, el Gobierno se perfila para poder cumplir con todas las metas previstas para este último día de marzo al sostener: “Con datos disponibles hasta febrero, el déficit primario acumula $92.982 millones, por lo tanto debería superar $129.000 millones en marzo para quedar por encima del límite de la meta. Dada la dinámica de ingresos y gastos, aún incorporando la actualización de las jubilaciones y pensiones correspondientes a marzo, parece poco probable que se supere la meta trimestral”.