El bloque de “Unidad Piquetera”, que integran organizaciones sociales y agrupaciones de izquierda, tiene definido al menos realizar dos nuevas protestas masivas durante el mes de abril, luego del multitudinario acampe en la 9 de Julio que jaqueó el tránsito de la Ciudad de Buenos Aires en reclamo de ampliación de los programas sociales y un refuerzo de la ayuda alimentaria en los comedores.
La efectivización de las medidas de fuerza en el microcentro porteño dependerán de las negociaciones y si se llega a un acuerdo con el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta.
El dirigente del Polo Obrero, Eduardo “Chiquito” Belliboni, confirmó a Infobae que para el próximo 13 de abril tienen votada una protesta “fuerte”, en el marco del plan de lucha resuelto por la constelación de las agrupaciones territoriales que son opositoras al Poder Ejecutivo. No será la única. Hacia fin de mes habrá otra acción callejera similar, en la medida que el desacuerdo sobre la distribución de la ayuda social y económica se mantenga con el gobierno de Alberto Fernández.
Según el dirigente de izquierda, se habla de una “marcha federal” desde todos los puntos del país hacia la Casa Rosada.
En la última convocatoria adhirieron una treintena de organizaciones que integran el Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad y otras que están por fuera de esa constelación política. Estuvieron el Polo Obrero, MTR-Votamos Luchar, el CUBA-MTR, el Bloque Piquetero Nacional, el MST-Teresa Vive, la Agrupación Armando Conciencia y la Organización 17 de Noviembre y el Movimiento Territorial (MTL-Rebelde), entre otras. También participaron de esas acciones el brazo territorial de Libres del Sur y el Polo Obrero “Tendencia”, la organización que responde a Jorge Altamira.
La convocatoria tuvo un fuerte impacto en el tránsito del centro porteño, con la circulación del Metrobus interrumpido y un caos vehicular en la zona desde el miércoles del mediodía hasta el viernes. A raíz del aumento de la conflictividad callejera, el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, pidió una reunión esta semana con Zabaleta y su par de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández para evitar el paso las columnas hacia la Ciudad de Buenos Aires que, según los cálculos de la administración capitalina, representó el ingreso de 20.000 personas, entre ellas, “mujeres, niños y bebés”.
Los reclamos están dirigidos, puntualmente, hacia Aníbal Fernández. Cerca de D’Alessandro aseguran que pueden garantizar la circulación de “grupos violentos” y pequeños, como el desalojo de la Autopista 25 de Mayo que se hizo “en menos de 20 minutos”, pero que se tiene que trabajar “coordinadamente” frente a movilizaciones masivas.
Según señalaron los voceros del gobierno porteño a Infobae: “Si el Gobierno Nacional no toma la decisión política de controlar el ingreso a CABA en los accesos, como el Puente Pueyrredón y las estaciones ferroviarias, una vez que están dentro ni acá ni en ninguna Ciudad del mundo se puede disuadir una movilización de semejante magnitud”.
Las acciones cumplieron con su objetivo de generar incomodidad y malestar en la gestión de Alberto Fernández. Como respuesta a las protestas, los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social endurecieron su discurso, pese a que las partes se habían reunido el lunes pasado para encontrar puntos en común y acuerdos. Empezaron a hablar de “aprietes”, “extorsión” y “desmesura” en el reclamo de mayor asistencia social.
En declaraciones a Radio Mitre, el ministro de Desarrollo Social, “Juanchi” Zabaleta sostuvo: “Entendemos que hay derechos constitucionales y lo respetamos, pero basta de apretar a los argentinos. Lo que pasa en la 9 de Julio es una pelea de laburantes contra laburantes. No hace falta cortar calles para hablar con el ministro y con el equipo del ministro. Queremos retomar el diálogo”.
Y añadió: “No le vamos a transformar la vida a 17 millones de argentinos, pero empezamos a marcar un camino. Queremos dejar una huella”.
En Desarrollo Social no le cierran las puertas al entendimiento con la dirigencia piquetera, pero las miradas son opuestas. Reconocen que no tienen implementar la capacidad de aplicar medidas rápidas para modificar el panorama económico de todas las familias afectadas. En “Unidad Piquetera”, más allá de los reclamos puntuales, tienen un planteo político de fondo. Presentaron un plan para generar “un millón de empleos”, lo que está por fuera de las posibilidades de la Casa Rosada.