Tal como había anticipado NOTICIAS URBANAS, con el último minuto del 28 de octubre se reavivaron los problemas en el subte. En ese instante, finalizó el plazo que Metrovías tenía para incorporar a los trabajadores necesarios para cubrir los horarios que quedaron vacantes tras la reducción de la jornada laboral a seis horas, pero a último momento la empresa logró una prorroga que durará hasta el 13 de diciembre. Sin embargo, los empleados ya dieron muestras de que no están dispuestos a aceptarla: el sábado a las 20 debió cerrar la línea E debido a que no había personal y la semana comenzó con demoras en las líneas A y B.
El subsecretario de Regulación y Fiscalización, Marcelo Antuña, manifestó que desconocía el conflicto y dijo que, en todo caso, los empleados no tienen por qué hacer horas extras si no quieren. Así el problema queda circunscripto al interior de la empresa, que confía en que los 500 pesos que cobraron en estos días los guardas por las horas extras y los casi 1.000 que recibieron los choferes hagan menguar la protesta.
Hasta el momento, se incorporaron 175 nuevas personas en las áreas operativas de la empresa aunque, según denunciaron los trabajadores, aún no se reforzó la de mantenimiento, un sector que también está afectado en la declaración de insalubridad. Los delegados exigen que la empresa se disponga a negociar el número de empleados que deben ser contratados, que según sus estimaciones deben ser 400.
Los empleados del subte tienen un franco semanal que varía constantemente y, por convenio colectivo de trabajo, deberían tomarse una vez cada tres años las vacaciones en el verano, ya que éstas también son rotativas. Sin embargo, ahora temen que con los cambios que están ocurriendo se complique aún más su agenda. Por lo pronto, la empresa está capacitando a boleteros para que sean guardas y a guardas para que se desempeñen como conductores.
El 22 de octubre, los representantes de Metrovías, los delegados gremiales y Antuña, debieron mantener una reunión con el juez Contencioso Administrativo y Tributario Roberto Gallardo para constatar que no se presentaran conflictos a partir del 29 de octubre. No obstante, a horas de ese encuentro la empresa logró recusar al magistrado porteño y la causa quedó en manos de la Lidia Lago, que fue quien le concedió la prórroga a Metrovías.
Enardecidos por la decisión de la nueva magistrado, los delegados gremiales anticiparon que la recusarán. En tanto, el objetivo de máxima de Metrovías es hacer caer la medida cautelar que dispone que se aplique la reducción horaria hasta que la justicia laboral se expida sobre la insalubridad.
Los trabajadores, además, anticiparon que pedirán que se aplique la multa de 750.000 pesos diarios que Gallardo le había fijado a la empresa concesionaria y que iba a ser efectiva únicamente en el caso de que existieran dificultades en el servicio, tal como viene sucediendo en estos últimos días. Aunque, por lo pronto, la empresa se regocija con el adicional de 1,6 millón de pesos mensuales de subsidio que recientemente le concedió el gobierno nacional. Esta cifra sumará a los 2,7 millones que cobra desde enero.
La resolución de insalubridad del Ministerio de Trabajo de la Nación, y su posterior ratificación por parte de las autoridades porteñas, a mediados de septiembre había provocado que los trabajadores hicieran cumplir sus derechos y abandonaran sus puestos de trabajo al cumplirse las seis horas, por lo que hasta que llegaban los reemplazantes se producían demoras en el servicio. A fin de solucionar estos desmanejos, Metrovías había pedido 60 días de gracia, pero el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, le concedió la mitad del tiempo y dispuso que, durante ese plazo, la empresa mantuviera la jornada laboral de ocho horas y pagara como extras las dos horas restantes.
