Cumplido el sábado el plazo fijado por la Corte Suprema para que el Consejo de la Magistratura cambie su balance entre consejeros técnicos y políticos, solo resta aguardar el modo que elegirá el máximo tribunal para la transición.
La voluntad de la Corte Suprema para hacerse cargo del Consejo quedará explícita cuando convoque a los nuevos consejeros a la jura en los cargos, que solo el alto tribunal puede formalizar.
La pregunta en el Consejo es si la Corte hará jurar a los consejeros técnicos, prescindiendo de los políticos que debe elegir el Congreso pero cuyo proceso se encuentra detenido por una medida cautelar.
Según Télam, si la Corte convocara el lunes a la jura de los consejeros se abriría otra línea de conflicto porque su integración no estaría completa y, por tanto, sus eventuales decisiones, carecerían de legitimidad.
Esta posibilidad de un nuevo conflicto institucional la esbozó el mismo presidente del Consejo, el camarista penal Alberto Lugones, el miércoles pasado, en la última reunión del Consejo con su integración de trece miembros.
“El fallo dice que el presidente de la Corte (Horacio Rosatti) se hará cargo (del Consejo) cuando se produzca la integración conjunta y simultánea. Yo no inventé ese encorsetamiento que se puso la Corte, lo pusieron ellos”, recordó.
Luego mencionó a modo de advertencia que “ni formal ni informalmente se le comunicó a la presidencia que la Corte va a asumir mañana (por el lunes) pero si asumiera sería una especie de intervención”.
“La aplicación de la 24.937 (ley que reguló el Consejo hasta la reforma legislativa de 2006) fija que el presidente de la Corte tiene que asumir (la presidencia del Consejo) pero con todos los integrantes acá adentro”, refirió.
Como ejemplo de la distorsión que implicaría un Consejo sin la integración plena, Lugones refirió que se podrían iniciar juicios políticos de magistrados ante la eventual mayoría favorable.
Lugones puso como ejemplo el caso del camarista Eduardo Freiler, quien en 2017 fue sometido a juicio político aprovechando que el senador consejero Ruperto Godoy no podía votar por estar cuestionado por no ser abogado.
Desde la publicación del fallo en diciembre del año pasado, el Consejo se abocó a organizar los dispositivos electorales para cumplir con la sentencia, más allá de las críticas abiertas al plazo “exiguo” que fijó la Corte.
Este lunes, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a rectores de todas las universidades nacionales, dará a conocer su representante y se completarán así las integraciones de los organismos técnicos.
Pero restan designar a los representantes del Congreso, los mismos que la Corte considera sobre representados en la antigua integración, que no fueron elegidos todavía por la cautelar que pidió un diputado del oficialismo.
En tanto no se resuelva la disputa política, el Consejo no podrá avanzar en la designación de ternas de jueces, sanciones disciplinarias o iniciar juicios políticos a magistrados, aunque sí podrá tomar decisiones administrativas.
En tanto no se resuelva la disputa política, el Consejo no podrá avanzar en la designación de ternas de jueces, sanciones disciplinarias o iniciar juicios políticos a magistrados, aunque sí podrá tomar decisiones administrativas.
