En el marco del debate sobre una nueva Ley de Alquileres en el Congreso nacional, el legislador del Frente de Todos (FdT), Matías Barroetaveña, y su equipo presentaron un informe sobre la situación de los alquileres en la ciudad de Buenos Aires y una hoja de ruta sobre posibles medidas para resolver el problema de fondo: la oferta de viviendas.
“No se puede seguir culpando a la actual Ley de Alquileres de problemas que llevan décadas en la Argentina y que tampoco se van a resolver derogando la ley y retrotrayendo la realidad a 2019”, expresó Barroetaveña y agregó que “en la ciudad de Buenos Aires la población inquilina aumentó un 20% en la última década, y duplica los valores de cualquier otra ciudad del país: mientras que el promedio nacional es del 18% de los hogares, la ciudad ostenta un récord de 35%”.
El informe muestra un largo descenso en la oferta de viviendas demostrando que es un fenómeno multicausal pero que registra caídas abruptas en contextos específicos como el salto devaluatorio de 2018 y el inicio del ASPO. Además, la situación habitacional arrastra décadas de enorme fragilidad: aumento de la población en asentamientos, aumento de hogares inquilinos (fenómeno que también se registra en villas y asentamientos), desacople entre desarrollo de construcción y demanda de viviendas de uso familiar. De esta manera, incluso una mayor oferta de mercado demandaría mucho tiempo en impactar en una baja prolongada y constante del precio.
En esta línea el informe señala las principales propuestas de los proyectos de ley presentados en el Congreso por la diputada Gisela Marziotta y el diputado José Luis Gioja, a saber, la creación de una cámara nacional de alquileres que funcione en el marco del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que lleve un registro público de los contratos de alquiler, que fije los precios máximos para un nuevo contrato con validez en el todo el territorio nacional y que establezca el índice de ajuste anual de los contratos; un régimen de beneficios tributarios para los locadores que cumplan con el registro del contrato en AFIP; y por último, la creación de impuestos locales a las viviendas ociosas.
“Es fundamental no caer en el pensamiento mágico y entender que el mercado inmobiliario requiere de una regulación para satisfacer las necesidades de todos los actores”, manifestó Barroetaveña y agregó que “desde la Ciudad venimos insistiendo en un Estado que desarrolle políticas que permitan el acceso a la vivienda a la clase media y a los sectores populares, ya sea expandiendo el stock de viviendas en alquiler o propiciando una política sostenida de acceso a la vivienda propia.”
Barroetaveña propone una agenda de iniciativas para resolver el problema de la vivienda en la Ciudad. En primer lugar, el desarrollo de un stock de viviendas públicas, sobre la base de oferta de suelo y viviendas que posee el gobierno de la Ciudad. A su vez, la generación de viviendas para alquiler social mediante convenios con privados que deseen ampliar capacidad constructiva. Por último, en línea con la propuesta del diputado Gioja, la generación de un impuesto a la vivienda ociosa.
