Uno de los temas más candentes en este momento es el Consejo de la Magistratura. ¿Qué opina de la Ley 26.080 sancionada durante el gobierno de Néstor Kirchner?
El Consejo es una institución creada a partir de la reforma de la Constitución de 1994, que establece que tendrá a su cargo la selección (propuestas de nombramiento y destitución de jueces), control y administración del Poder Judicial. La composición de quienes la integra (tal como lo prescribe la Constitución Nacional) debe hacerse por ley, es decir, por el Congreso con mayorías simples. El Congreso nacional aprobó en 2006 la Ley que regula el Consejo, modificando la ley existente de 1997 (Ley 24.937). La Corte Suprema, más de diez años después y luego de convalidar en varios fallos esta reglamentación legal del Consejo, declaró su inconstitucionalidad, y además excediendo sus funciones, que están restringidas a lo judicial, se metió a legislar poniendo en vigencia la normativa de 1997 expresamente derogada por los representantes del Pueblo. Es decir: el Poder Judicial (específicamente la Corte Suprema) se está atribuyendo facultades que pertenecen al Legislativo.
¿Y entonces por qué cree que se volvió al esquema de 1997?
Por una arbitraria e inconstitucional decisión de la Corte, que volvió al régimen anterior. Pero lo grave es que volvió al régimen anterior que estaba expresamente derogado por la nueva ley. La Ley 26.080 se sancionó de conformidad con todo lo que establece la Constitución Nacional. Ese orden constitucional es lo que hay que respetar, la opinión política tardía de la Corte responde a sus intereses. ¿Cuáles fueron las razones para sancionar dicha ley modificatoria del Consejo de la Magistratura? No importa cuáles fueron las razones, en tanto se respete las formas establecidas constitucionalmente para hacerlo. Hay razones mayoritarias y razones minoritarias. Y es el voto popular quien establece quién es mayoría y quién minoría en el Congreso. Esta nueva ley obtuvo la cantidad de votos necesarios, según los requisitos que establece nuestro ordenamiento legal.
¿Entonces, sólo se explica por razones constitucionales?
Hay razones políticas, por supuesto. Hoy, la Corte está gobernando y eso es una barbaridad. Es el único poder que no surge de la votación popular. Es un organismo corporativo. Y el único órgano de control, el Consejo de la Magistratura, también es casi absolutamente corporativo. Todos los miembros tienen el requisito de ser abogados. El único que no debía ser necesariamente un abogado era el representante del Legislativo. En la era de Macri, se eligió interpretar que sí o sí debía ser abogado. Y si a eso le sumamos a los miembros de la Corte, parece que existen solo dos categorías de personas: los abogados y todo el resto de la humanidad. Eso es corporativo.
Y en ese sentido, ¿qué opina sobre el hecho de que el organismo de control del Poder Judicial, hoy esté integrado por la Corte?
Y… es como que el Presidente, en vez de dictar decretos, dicte leyes. ¿Cómo sucedió esto? Hay que aclarar algo: esto viene pasando, no es nuevo. Hay que desmitificar la idea de que la Corte no es política. Viene desde hace muchísimo tiempo, pero creo que el momento en donde se vio esto de forma más clara fue en 1930. Ese año, la Corte elaboró la “Doctrina de Facto” que sirvió para justificar los golpes de Estado que sufrió la Argentina. Si queremos hilar más fino, podemos ir a “El Federalista”. Ahí, los padres de la Constitución Americana, hablan de cómo es necesario que exista un poder que no esté tocado por la voluntad popular. De esta manera, el Judicial no tiene la capacidad de imponerse sobre los otros poderes. A esto se refieren con la “Separación de Poderes”. Lamentablemente, la Corte es política y utiliza su poder para defender sus propios privilegios. No nos olvidemos de, por ejemplo, cuando se insinuó la posibilidad de que los jueces paguen ganancias y ellos dijeron que era inconstitucional. Hasta sobre su propio bolsillo deciden.
¿Pero usted está a favor de que se elijan a los jueces por medio del voto popular?
Yo planteo otra solución. Primero, no debería existir una Corte con tan pocos miembros. Eso hace que no haya especialistas de todos los temas. Segundo, debería haber una Tribunal Constitucional que determine la constitucionalidad de los fallos por fuera de la Corte. Hoy en día, el sistema de control es difuso. Tercero, el sistema de elección de los jueces puede ser a través de lo que se denomina “Sistema Complejo”. Se eligen por concurso, pero las Cámaras de Casación se eligen por el voto popular. Y cuarto, el mandato no debería ser vitalicio. Deberían tener que revalidar cada cuatro años su carácter de juez.
Y en este esquema, ¿dónde estaría la “independencia” del Poder Judicial?
La pregunta es respecto de qué tiene que ser independiente. Tiene que ser independiente del Ejecutivo y Legislativo, pero no del pueblo.
Una de las polémicas que rodean este tema, es la elección, por parte de la Presidenta del Senado, de uno de los miembros del Consejo. ¿Eso no es política?
La idea de que los miembros del Consejo tienen una ideología partidaria fija también es tramposa. Cristina Kirchner dividió el bloque y se queda con los dos representantes del Senado. A lo que voy es que es relativo. Hoy, el oficialismo puede tener la mayoría y después, puede dejar de tenerla.
¿Y entonces? Mientras la política persista, ¿la solución es una utopía?
No creo. Hay Constituciones, como la boliviana o la ecuatoriana, que tienen otros sistemas y han funcionado bien. Pero sí, es difícil. Para hacer cualquier cambio, la Constitución dice que se necesitan de mayorías especiales. Pero si vos me preguntás a mí qué hay que hacer y… creo que discutir cómo se compone el Consejo de la Magistratura es algo menor. Es algo mucho más complejo lo que tenemos que revisar. La democracia supone una disputa. Y la política es una disputa de intereses. Tanto Juntos por el Cambio, como el Frente de Todos quieren tener su espacio. ¿Porque son locos y amantes del poder? No, sino porque están disputando distintos intereses.
Hablando de la defensa de intereses, ¿cómo vio al Tractorazo?
Desde el punto de vista de los derechos, cualquier protesta social está bien. El problema es protestar en defensa de los privilegios y no en defensa de los derechos. Al menos, esa es mi concepción política. Y creo que el mayor defecto es que no fue reivindicativa. Fue básicamente política y eso le quita legitimidad. Todos sus protagonistas son de Juntos por el Cambio. Más claro, échale agua.
¿Pero esto sucede solo con el sector agropecuario? ¿Qué sucede con otros gremios, como por ejemplo, el sindicato de camioneros? ¿No cree que hacen lobby para evitar el avance ferroviario?
¿Vos pensás que son los únicos actores que frenan el desarrollo ferroviario? Los camioneros son una parte de ese lobby, pero hay otros actores involucrados. Por supuesto que a ellos no les conviene que gran parte del transporte sea por ferrocarril. Pero trasciende a los camioneros y se vincula con los intereses norteamericanos. En su momento, Argentina tenía más de cuarenta mil kilómetros de vías férreas. En la época de Frondizi, se reemplazó el dominio británico de capitales por el norteamericano. Esto fue basado en un plan del General estadounidense Thomas Larkin. Y los intereses de Estados Unidos estaban puestos en el transporte por carretera y no en el ferroviario, que era de los ingleses.
Para finalizar, teniendo en cuenta que el año que viene son las elecciones generales, ¿a quién ve como ganador?
Eso lo va a definir la voluntad popular.
¿Y si tendría que decirme su resultado ideal?
Y, obviamente, para mí, el resultado ideal sería que el Congreso tenga una mayoría del Frente de Todos y el Ejecutivo un Presidente del mismo partido.
¿Cualquier candidato presidencial del Frente de Todos?
No… está claro que no. A mí me gustaría que fuera Cristina. El problema es que ya no le podemos pedir tanto. Yo me acuerdo de un día, que fuimos con un grupo de compañeros a visitarla en el 2017. Le pedimos que fuera candidata y ella nos contestó “¿Ustedes me van a decir qué tengo que hacer?”, a lo que respondimos que nosotros somos militantes y es nuestro deber decírselo, porque consideramos que es la mejor opción. Otro de mis compañeros le respondió que debía hacerlo por responsabilidad histórica. Y ante esto, Cristina dijo que ya había demostrado tener responsabilidad histórica. Cuando se murió su compañero, ella se podría haber ido a su casa y, sin embargo, fue candidata a Presidente, como ya todos sabemos.
Entiendo, pero… ¿qué cree de las causas judiciales en contra de Cristina?
Estoy absolutamente convencido de que esas causas son armadas. Y la razón tiene que ver con lo que hablamos al principio: la Corte es política. En la Argentina, existió el “Lawfare”. Y no lo digo por hablar, lo estudié y escribí libros sobre esto. Si hubiesen encontrado algo serio, Cristina ya estaría presa.
Pero Mauricio Macri tampoco está preso…
Repito: el Poder Judicial defiende los intereses de los privilegiados.
