El Puerto de Buenos Aires es el único que aún queda bajo la órbita de la Administración General de Puertos, un ente que aún mantiene intacta su estructura, a pesar de que, por medio del decreto 817 de 1992, se decidió su disolución. En la misma época, los puertos vinculados al comercio exterior de Santa Fe y Rosario fueron entregados a la Provincia de Santa Fe, mientras que los de Quequén, Bahía Blanca y el Dock Sud le fueron cedidos – todos sin cargo – a la Provincia de Buenos Aires. También fueron transferidos todos los otros puertos nacionales, desde el de Barranqueras, en Chaco, hasta el de Usuahia, en Tierra del Fuego.
La diputada Irene López de Castro presentó en la Legislatura porteña un proyecto de declaración por el que solicita que el Poder Ejecutivo porteño acelere las gestiones ante el gobierno nacional para concretar esa demorada transferencia a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. El proyecto, si bien figuraba en el Orden del Día de la sesión de ayer de la Legislatura porteña, se evaluaba que no iba a ser votado, teniendo en cuenta la inminencia de la interna radical, que provocaría la ausencia masiva de los legisladores de ese signo a partir de una hora temprana.
En el área portuaria metropolitana se manejan el 96 por ciento de los contenedores que entran al país y el 40 por ciento de las importaciones y exportaciones argentinas. Es el segundo puerto de Latinoamérica y el trigésimo séptimo en el mundo. El puerto de Buenos Aires genera una ganancia anual de aproximadamente 10 millones de pesos, y ésa es quizás una buena razón para evaluar la morosidad de las autoridades nacionales en concretar el traspaso. A este hecho debería sumársele el accionar de un "lobbysta" de lujo. En efecto, el Secretario General de la Presidencia de la Nación, Nicolás Gallo, se opone con firmeza a la transferencia y ha logrado demorarla hasta hoy, apoyado en su cercanía con el presidente de la Rua
