En medio de su pelea con el presidente Alberto Fernández, Cristina Kirchner se refugió en el Senado de la Nación, desempolvó su viejo sello Unidad Ciudadana, dividió el bloque del oficialismo para poder quedarse con un miembro más en el Consejo de la Magistratura y puso en marcha varios proyectos.
Pero lo llamativo, o a esta altura no tanto, es que se trata de iniciativas que tienen un poco de resistencia interna y mucha de externa, por lo que es prácticamente imposible que pasen el filtro de Diputados, adonde el oficialismo no es mayoría. Así, la vicepresidenta entró en un nuevo escalón de su construcción política: usar a la cámara alta como caja de resonancia testimonial.
Los principales referentes de su armado, Juliana Di Tulio y Oscar Parrilli, integrantes del bloque de 14 senadores nacionales que le responden más explícitamente, impulsaron iniciativas para avanzar en reformas sobre el Poder Judicial y en una nueva propuesta para pagarle al Fondo Monetario Internacional, luego del meneado y trabajoso acuerdo que cerró el ministro de Economía, Martín Guzmán, que terminó por romper al Frente de Todos.
El peso de Cristina en el Senado, de todos modos, también alcanza al otro bloque oficialista, que lleva el nombre de Frente Nacional y Popular, tiene 21 miembros y cuyo jefe es el formoseño José Mayans, hombre de Gildo Insfrán y con una relación muy cercana con la vice.
La división del bloque original de 35 miembros, se recuerda, fue una maniobra legal cuestionada desde lo ético por la oposición, para que el Frente de Todos se quedara con un miembro más del Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de seleccionar y controlar a los jueces.
Los proyectos para modificar la Corte Suprema
El máximo tribunal está compuesto actualmente por cuatro ministros y hay un cargo vacante desde la renuncia de Elena Highton de Nolasco. La última vez que se modificó la cantidad de jueces de la Corte fue en 2006, con la sanción de un proyecto de ley de la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner (Partido Justicialista), que la redujo de 9 a 5 miembros. Ese año, la Corte tenía 7 jueces en funciones y la ley estableció un artículo transitorio que preveía la reducción hasta 5 integrantes, por renuncia o fallecimiento de alguno/a de sus miembros.
Paradójicamente, es la misma ex presidenta quien ahora quiere aumentar la cantidad de miembros del alto Tribunal. No hay mucho misterio en la presunta contradicción: Cristina está enfrentada ahora con la Corte, que debe definir sobre sus causas judiciales. Una ampliación, con magistrados aliados, presentaría un escenario más propicio para su futuro.
Por eso, a instancias de la titular de la bancada de UC y de un proyecto de Di Tullio, se plantea un aumento de miembros de la Corte de 5 a 9 jueces y también se prevé una integración que respete “las diversidades de género, especialidad y procedencia regional”.
La senadora Silvia Sapag, también de UC, presentó otra iniciativa que propone llevar a 15 jueces la Corte y que los miembros elegidos cuenten “cuáles son sus empresas” y “qué clientes tienen sus estudios jurídicos”.
Otros aliados políticos de la presidenta de la cámara Alta también idearon cambios para el Tribunal. Adolfo Rodríguez Saá, del Frente Nacional y Popular, presentó un proyecto para modificarla y el senador Alberto Weretilneck, de Juntos Somos Río Negro, propuso más que triplicar el número, de 5 a 16 jueces miembros, con la obligación de “garantizar y promover la paridad de género y el federalismo”.
Difícil que prosperen.
Reforma del Consejo de la Magistratura
A inicios de abril, la presidenta del Senado logró imponer su mayoría, aprobar y girar a la Cámara Baja el proyecto de ley de reforma del Consejo de la Magistratura, impulsado por sus legisladores, con el que busca excluir a la Corte del organismo encargado de seleccionar y destituir a los jueces.
Una vez más, una ley de 2006 redactada por Cristina Kirchner, por entonces senadora y primera dama, había reducido de 20 a 13 los miembros que integraban el organismo desde 1998 y sacó a la Corte Suprema de la Magistratura. Fue una manera de que la política (el kirchnerismo de entonces) ganara peso en ese organismo clave. Pero la ley fue declarada inconstitucional en diciembre último, 16 años después y se fijó un plazo de 120 días para que el Congreso dicte una nueva norma. Pasado ese tiempo, el presidente del Máximo Tribunal, Horacio Rosatti, estableció que el Consejo vuelva a su vieja integración de 20 miembros, tomó juramento a los nuevos integrantes, con polémica de por medio, y asumió su presidencia.
La iniciativa impulsada por Cristina fue aprobada por 37 votos gracias al apoyo de los senadores Weretilneck y Magdalena Solari Quintana, del Frente Renovador de Misiones.
Y ahora empezó a debatirse en la Cámara baja. Pero el proyecto, tal como está, tampoco tendría grandes posibilidades de convertirse ley.
Pago al FMI: el blanqueo K
El entendimiento que firmó el Gobierno con el FMI para refinanciar la deuda de más de 44 mil millones de dólares, fue el último eslabón de una serie de desencuentros en el oficialismo, que terminó por dividir las aguas de la coalición de gobierno.
Meses después de aprobada la ley en el Senado y promulgada por el Ejecutivo nacional, Oscar Parrilli, mano derecha de Cristina en el Instituto Patria, presentó una iniciativa para crear un fondo y saldar la deuda con el organismo crediticio internacional. Una solución rápida y paralela, aunque complementaria, con el acuerdo que había celebrado Guzmán.
El proyecto propone que los recursos de ese fondo “provendrán de lo recaudado por un pago que se aplicará sobre los bienes situados y/o radicados en el exterior que se localicen o detecten desde la entrada en vigencia de la ley y no hayan sido declarados ante la AFIP”.
La iniciativa obtuvo 37 votos favorables y 31 en contra, la mayoría de Juntos por el Cambio, quienes también rechazarán el proyecto del senador Parrilli en Diputados, así todos los demás proyectos que hayan sido elaborados a instancias de Cristina Kirchner, que no saldrán del recinto parlamentario.
