El oficialismo mendocino se vio sacudido después de que un exlegislador y pastor evangélico, identificado como Héctor Bonarrico, revelara que recibió un subsidio millonario dentro de un acuerdo en el que él dio de baja su candidatura a legislador el año pasado.
En ese contexto, el Partido Justicialista avanzó con la denuncia penal contra el Gobierno que comanda el radical Rodolfo Suárez. La encargada de presentar la acción judicial fue la senadora nacional kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, quien se acercó a la Fiscalía para que inicie la investigación formal, acompañada por el abogado Carlos Blanco.
Según el diario La Nación, la titular del PJ mendocino, una de las espadas de Cristina Kirchner en el Congreso, tal como anunció el viernes pasado, entregó este lunes un escrito ante las autoridades judiciales, haciendo hincapié en la posible comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho y tráfico de influencias, entre otros.
Así, la legisladora busca que se determinen responsabilidades penales tras el acuerdo político al que arribó el Poder Ejecutivo local con la fundación Acción Social, del religioso y exlegislador Héctor Bonarrico, por más de 18 millones de pesos, para que se bajara de su candidatura a la Legislatura provincial en las últimas elecciones. Así lo dio a entender el propio Bonarrico, según las declaraciones adjuntadas a la denuncia.
Aunque la entrega del dinero no se concretó, ya que al publicarse el convenio en el Boletín Oficial la semana pasada, el mandatario le dio de baja en menos de 24 horas, el peronismo decidió llevar el caso a los tribunales y exigir las explicaciones principalmente a quienes pusieron la firma, más allá de Bonarrico: el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, y el tesorero de la fundación, Eduardo Erario, “y demás personas que intervinieron en las contrataciones”. La Fiscalía de Instrucción Nº7 de Delitos Económicos, a cargo de Flavio D’Amore, recibió el documento y las pruebas ofrecidas por el justicialismo.
El gobierno mendocino presentó el lunes la denuncia judicial para que se investigue el convenio con la Fundación Acción Social. Busca que se determine la posible comisión de un hecho delictivo de conformidad con lo establecido por el artíuclo 326 y siguientes del Código Procesal Penal de la provincia de Mendoza, en virtud de declaraciones que suponen un destino distinto al previsto para los fondos comprometidos en el convenio oportunamente suscripto.
🎙 #ConferenciaDePrensa • Las expresiones de Bonarrico son escandalosas: El gobierno provincial le entrega 18 millones de pesos en virtud de un acuerdo político para bajar su candidatura a Diputado Nacional.
Estamos frente a un hecho nunca visto en la política mendocina. pic.twitter.com/gekgFnoopp
— Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) May 27, 2022
“Vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que se determine si es un hecho aislado o es un modus operandi del gobierno provincial”, expresó la senadora nacional kirchnerista.
En la presentación ante la Justicia, Sagasti explicitó que la pesquisa se centre en la posible comisión de los siguientes delitos contemplados en el Código Penal: negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (artículo 265), delito que se configura ante el involucramiento en contratos u operaciones públicas para beneficio propio del funcionario que debe intervenir; enriquecimiento ilícito de funcionarios (artículo 268 (2)); malversación de caudales públicos (artículo 261 segundo supuesto); y cohecho y tráfico de influencias (artículo 256).
Asimismo, de acuerdo con lo expuesto por las autoridades del PJ ante la Fiscalía, se incorporaron las declaraciones periodísticas del exsenador Bonarrico en las que reconoce que “la donación que iba a efectuar la provincia a favor de su fundación se hacía en cumplimiento de un acuerdo político que hizo su Partido Movimiento de Acción Social (MasFe) con Cambia Mendoza por el cierre de candidaturas de las últimas elecciones, en las que MasFe no llevó candidatos ni Bonarrico se presentó para renovar su banca en el Senado”.
En tanto, en el escrito al que accedió el diario La Nación, Sagasti también hace alusión a que el gobierno provincial intenta “desviar la investigación y culpar solamente a Bonarrico”, con la presentación que hizo el ministro Ibañez por tentativa de fraude al Estado.
“Este ministro ha firmado todos y cada uno de los actos en los que se funda la denuncia. Si Bonarrico ha cometido un delito, Ibañez ha sido coautor del mismo necesariamente. Es totalmente absurdo el planteo de desconocer cuál ha sido la motivación del convenio de colaboración, que no es más que el acuerdo político y electoral que realizaron para defraudar al Estado”, indica la denuncia del peronismo mendocino.
Asimismo, desde el PJ dejaron en claro que la marcha atrás del otorgamiento del subsidio “de ninguna manera exime de responsabilidad a los denunciados en el escrito o de ser investigados por el hecho”.