El presidente Alberto Fernández analiza nombrar como titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) al exministro de Defensa, el santafesino Agustín Rossi. Cristina Caamaño está como interventora del organismo desde diciembre de 2019 pero nunca fue nombrada como titular; cada seis meses se dicta un decreto que prorroga por 6 meses su mandato.
Caamaño había dicho en febrero de este año que si no se producía su nombramiento definitivo podía alejarse. De concretarse el cambio, Fernández reincorporará a su equipo a Rossi, quien el 10 de diciembre de 2019 había asumido como ministro de Defensa y fue eyectado por el propio jefe de Estado antes de las elecciones legislativas del año pasado, en medio de la definición de candidaturas en Santa Fe. Semanas atrás, Rossi también había sido mencionado como candidato para reemplazar a otros ministros pero luego no sucedió.
Caamaño retornó a principios de esta semana a la Argentina después de un viaje por varios países donde, según informaron desde su entorno a Infobae, “mantuvo reuniones de alto nivel con sus pares de las principales potencias del mundo”.
A mediados de 2020, el jefe de Estado mandó su pliego al Congreso de la Nación para que sea aprobado por el Senado. Al igual que con los embajadores políticos, la Ley de Inteligencia Nacional Nº 25.520 en su artículo 15 y sus modificaciones establece que el Senado debe dar su acuerdo a la designación. Se trata del mismo tratamiento que se realiza para designar al procurador general aunque no requiere los dos tercios de los votos de la Cámara Alta.
Sin embargo, ese nombramiento definitivo nunca se produjo. En junio del año pasado la interventora iba a participar de la reunión de la Comisión de Acuerdos del Senado que preside la mendocina Anabel Fernández Sagasti para defender su pliego como titular de esa repartición, pero la audiencia en la que Caamaño iba a estar de manera virtual se suspendió a último momento y no se dispuso una nueva fecha de realización.
La última prórroga para que la exfiscal siga al frente de la AFI la había firmado el primer mandatario el 7 de diciembre de 2021 a través del decreto 832. Allí indicó que “se impone la tarea de afianzar los mecanismos institucionales y estructurales con los que se ha dotado” al organismo “en el transcurso de la Intervención”. Además, destacó los logros que a su entender se habían alcanzado desde la AFI.
Fuentes de la AFI le habían confirmado a Infobae que “continuamos consolidando las tareas encomendadas por el Presidente. Parte de esas tareas fue elevar un borrador de la nueva Ley de Inteligencia”. Ese proyecto fue anunciado por Alberto Fernández el 1° de marzo durante la Asamblea Legislativa en el Congreso.
Durante los dos años y medio de gestión, Caamaño se dedicó principalmente a investigar algunas irregularidades que detectó de sus antecesores en ese organismo. Presentó denuncias de espionaje que se le habían hecho a los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan y ya en 2021 difundió cintas que involucraban a funcionarios de la administración de la gobernadora María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires en las que se hablaba del armado de causas judiciales para encarcelar al sindicalista de la construcción Juan Pablo “el Pata” Medina.
Hace pocos días la jueza federal María Servini dictó el sobreseimiento de Caamaño, quien había sido imputada en una investigación judicial iniciada en 2020, por la filtración de decenas de datos sensibles del sistema de espionaje estatal, entre ellos las identidades de espías y ex espías. En agosto de 2021 le había dictado una falta de mérito a la espera del resultado de varias declaraciones testimoniales de exjefes de la agencia de Inteligencia.
