La fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, pidió el martes investigar a Ghasemi Gholamreza, el piloto iraní que llegó en el avión venezolano que aterrizó en la Argentina el 6 de junio, bajo la sospecha de que está vinculado con actividades asociadas al terrorismo internacional. El resto de la tripulación también quedó imputada y no podrán salir del país.
En un dictamen presentado ante el juez federal Federico Villena, la fiscal expresó que “con el avance de las tareas investigativas llevadas aquí adelante, surgieron varios rastros que imponen la necesidad de proseguir la investigación respecto de Ghasemi Gholamreza, de toda la tripulación que de él dependía, de la aeronave y de su carga, conforme las obligaciones del Estado Argentino para prevenir y sancionar hechos de terrorismo”.
“Tales circunstancias irregulares llevan a indagar si el verdadero objetivo del arribo de la aeronave a nuestro país fue exclusivamente para transportar mercadería de autopartes, o bien si estuvo fundado en razones diferentes a las alegadas y constituya, eventualmente, un acto de preparación para proveer bienes o dinero que pudieran utilizarse para una actividad de terrorismo, su financiamiento u organización”, añadió Incardona.
▶ Terrorismo internacional
El juez Villena le pidió a la fiscal “delimitar el objeto procesal” después de recibir un informe del FBI que establece la relación directa de Gholamreza Ghasemi con Hezbollah y con las Fuerzas Quds, una división de la Guardia Revolucionaria iraní que se especializa en inteligencia y tráfico de armas. Hasta el momento, si bien había sospechas, no existían pruebas concretas contra los miembros de la tripulación.
Ghasemi es oficial de las Fuerzas Quds y CEO de la aerolínea Fars Air Qeshm, señalada por múltiples fuentes de inteligencia por ser la compañía que utilizó el gobierno iraní para transportar armas hacia Beirut y proveer a la organización terrorista Hezbollah, cuyos integrantes colocaron la bomba en la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia). Los envíos viajaban encubiertos en aviones civiles.
“Aún con la salvedad de los alcances del informe del FBI ya señalados, de allí surge que Mahan Air fue sancionada en octubre de 2011 por la OFAC (E.O. 13224) por proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico para la Fuerzas Quds – Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, y por transportar armas y personal para Hezbollah. Esta sanción no es técnicamente información de inteligencia, sino que es un dato perfectamente corroborable”, cerró.
Ahora, la fiscal pidió que se investigue si el avión detenido en Argentina realmente pertenece a Emtrasur, o si tiene algún vínculo directo con Mahan Air, otra aerolínea que “colabora con organizaciones terroristas de su país de bandera. Gholamreza Ghasemi es CEO y piloto de Oeshm Fars Air, vinculada a Mahan Air, que hoy continúa al mando del nombrado avión”.
▶ Pruebas
El juez Federico Villena ordenó alrededor de 60 medidas de pruebas en el plazo de una semana, algunas de las cuales aún no llegaron al juzgado. Se espera que las pericias sobre los teléfonos y las tables de los tripulantes arrojen un informe definitivo. El estudio de las cajas negras del avión también podría aportar información al respecto.
La fiscal Incardona se refirió al resto de los tripulantes y subrayó que hay “inconsistencias en la información respecto de quienes componen la tripulación, lo cual será también profundizado en la investigación”, por lo que el juez Villena seguirá reteniendo los pasaportes de los venezolanos e iraníes, que no podrán salir del país.
Como última medida, la fiscal solicitó investigar la carga que llevaba el avión, “con la finalidad de verificar si coincide la operación comercial declarada con el contenido real de la mercadería que transportaba”. Es que el Boeing 737 tiene capacidad para llevar unas 80 toneladas, pero el avión venezolano-iranía sólo llevaba 47.882 kilos ocupados.
La empresa que importó dicho envío fue SAS Automotriz, que se dedica a la venta de autopartes del Volkswagen Taos fabricado en General Pacheco. Pero SAS culpó a Fracht por el escándalo, una empresa con sede en Suiza y sucursales en todo el mundo. “La relación entre el forwarder (Fracht) y la compañía aérea para que las mencionadas piezas lleguen a la Argentina es algo que SAS Automotriz Argentina SA desconoce y no tiene relación alguna”, aseguraron en un comunicado.
A su vez, la empresa Fracht culpó a Aerocharter México. “Con la única intención de mover la carga aérea desde México para su cliente, Fracht contrató a la empresa Aerocharter México, quien asumió la completa responsabilidad sobre ese vuelo”, expresaron desde la compañía, aunque aún no se presentaron en el juzgado de Villena.
La empresa Volkswagen también aseguró que ellos no tienen nada que ver con la carga del avión venezolano-iraní.