Si bien la legislación vigente establece que la responsabilidad del uso y mantenimiento de los edificios de propiedad horizontal es exclusiva de los propietarios, sin duda el Gobierno de la Ciudad debe velar por el cumplimiento de las obligaciones de los ciudadanos, con el fin de preservar el buen estado de los inmuebles.
Sin embargo, ningún funcionario de Ejecutivo porteño ha reconocido la deficiente fiscalización que se ha llevado adelante, por lo menos, en lo que respecta al control del cumplimiento de la Ley 257, que establece que los consorcios de los edificios de más de diez años de antigüedad deben tramitar un certificado de conservación, para constatar su buen estado.
En lo que va del año se han producido varios derrumbes de balcones y fachadas en la Ciudad de Buenos Aires, pero aún no se han encontrado soluciones concretas para este problema, que representa un peligro constante para los porteños que transitan por la vía pública.
El director de Fiscalización de Obras y Catastro de la Ciudad de Buenos Aires, Roberto D’Andrea, manifestó al respecto que "desde el código civil, el uso y la responsabilidad de mantener en buen estado cada una de las cosas que uno posee, están directamente ligados al propietario. El código de edificación también así lo menciona, y esta ley que se llevó adelante aproximadamente hace dos años y medio, iniciada por el Ejecutivo, justamente tenía que ver para recordar y advertir a los propietarios que son los responsables por el buen uso de los elementos que tienen".
D’Andrea sostuvo que "nosotros hemos mandado las intimaciones necesarias en razón de aquellos plazos que se iban cumpliendo, aunque sólo hemos recibido 5.000 respuestas. Lo que pasa es que acá lo importante no es hacer cumplir con un certificado como si fuera una vacuna, sino que se debe verificar realmente el estado en que se encuentra la propiedad".
"De allí -agregó- es que seguimos trabajando con todas las instituciones profesionales, consejos profesionales de ingeniería, arquitectura, la Asociación de Ingenieros Estructurales y la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal. Todos ellos fueron actores que participaron en esta ley porque esto fue una preocupación desde la caída del balcón de la calle Amenábar, hace tres años".
El funcionario porteño reiteró que "nosotros sólo hacemos un monitoreo de todos los aspectos relacionados con el cuidado y mantenimiento de los edificios en la Ciudad de Buenos Aires. Pero nuestra principal responsabilidad es controlar las obras nuevas que se ejecutan en la ciudad, para lo cual tenemos aproximadamente 50 inspectores".
Consultado sobre la idoneidad del personal del área, D’Andrea afirmó que "desde que estoy sentado en esta dirección general, hemos mandado al registro de necesidades operativas -o sea, los hemos sacado de funcionamiento- a 46 inspectores y hemos iniciado 17 demandas penales. Esto lo que quiere decir es que, desde hace dos años y medio, buscamos la transparencia y la ejecutividad".
