Un grupo de 15 legisladores nacionales de Juntos por el Cambio elevó un proyecto de resolución a través del cual apuntan a “traer un poco de luz al recinto acerca de cómo se distribuyen los planes sociales en la Argentina en función de la apertura de investigaciones judiciales sobre el otorgamiento de los mismos y ante la necesidad de la concreción de políticas de generación de empleo genuino”, señalaron a través de un comunicado.
El escrito presentado apunta directamente al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Manzur, y a los titulares de las carteras de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; y Trabajo, Claudio Moroni.
Los posibles hechos de extorsión y amenazas que algunos de los dirigentes del Polo Obrero podrían haber realizado contra los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo habrían apuntado a quedarse con el 2% de los haberes que reciben por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Esto era, hasta el mes pasado, $19.000, unos $273.600.000 anuales si la quita se realiza a las 60.000 personas que trabajan en la Unidades de Gestión que dependen del Polo Obrero.
La denuncia por esos dos presuntos delitos que realizó el fiscal federal Guillermo Marijuan es investigada por Federico Delgado, quien recibió a principios de esta semana una nueva presentación contra Eduardo Belliboni, referente del movimiento, por “posible conducta extorsiva” sobre los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo que realizan sus tareas en Unidades de Gestión (UG), como cooperativas, y a los que les descontarían el 2% de los haberes que reciben por parte del ministerio de Desarrollo Social.
“Ese aporte involuntario realizado por todos nosotros con el pago de los impuestos debía ser investigado”, aseguró Milman. El legislador también recordó que el jefe de Manzur se presentó ante el Senado a principios del mes de junio, pero “no se explayó en nada acerca del rol de los movimientos sociales en la administración de los planes sociales”.
“Es por dicha razón que tomo muchos de los interrogantes que no fueron respondidos de manera explícita para que, en una próxima comparecencia, tenga la oportunidad de informarnos cuál es el rol de estas organizaciones piqueteras, qué cariz quieren otorgarle a los planes al traspasarlos a los municipios y cuándo se implementarán programas capacitación para búsqueda de empleos genuinamente creados por el mercado”, enfatizó el diputado de Juntos por el Cambio.
Además de Milman, firmaron el proyecto de resolución Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal, Graciela Ocaña, Julio Cobos, Waldo Wolff, Alejandro Finocciaro, Alfredo Schiavoni, Ricardo Buryaile, Héctor Stefani, Pablo Torello, José Núñez, Indrid Jetter, Virginia Cornejo y Karina Bachey.
El proyecto de resolución presentado demanda información al Gobierno sobre el Programa Potenciar Trabajo, Asignación Universal por Hijo, Tarjeta Alimentar, Asistencia a Comedores, comedores comunitarios y merenderos; programa Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales (BMHM), Argentina Unida, Mi Plaza, Centros de Desarrollo Infantil, Plan nacional de primera infancia, Programa de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin cuidados parentales, Régimen de reparación económica para niñas, niños y adolescentes, Programa Potenciar Inclusión Joven, Programa Mejor Barrio y el Programa Asistencia Directa por situaciones especiales de salud.
Sobre ellos, el escrito solicita precisiones sobre la cantidad de beneficiarios, listado de los titulares de asignación, organizaciones y movimientos sociales involucrados, el monto destinado y su distribución en cada provincia y en la Ciudad de Buenos Aires, entre otros detalles.
A su vez, el proyecto de resolución demanda que el Ministerio de Trabajo indique si está implementando medidas y estrategias para la conversión de planes sociales en empleos o trabajo informal y genuino “según lo indicado por el Decreto 711/2021 en su artículo 1°”.
Por último, el documento solicita saber si el Estado “está realizando un cruzamiento de datos entre la ANSES y la Dirección Nacional de Migraciones para que los beneficiarios de planes sociales de origen extranjero tengan regularizada su residencia permanente en nuestro país y no sean beneficiarios ‘golondrina’ para obtener un rédito electoral y un desmedro de las arcas del tesoro nacional”.