Luego de más de dos año y medio de vigencia, la indemnización incrementada por el despido sin causa dejará de regir desde el viernes y el Gobierno no tiene previsto extenderla.
Será así ya que la última prórroga definida en diciembre pasado amplió hasta el 30 de junio de este año la emergencia ocupacional decretada y el beneficio indemnizatorio, vigentes desde el 13 de diciembre de 2019, tras la asunción de Alberto Fernández.
Las autoridades consideran que no será necesario renovar el decreto en vista de la recuperación de la economía, la mejora de los indicadores laborales y la salida gradual iniciada el año pasado del esquema de emergencia sostenido durante la pandemia. “No hay nada que cambiar, ya esté terminado. En el último decreto, se resolvió una salida paulatina, hoy no veo la posibilidad de prorrogarlo, no está en conversación”, señalaron fuentes oficiales.
Los últimos datos oficiales muestran una mejora: hay 1,5 millones de desocupados o un 7% de desempleo en el primer trimestre, por debajo del 10,2% de igual período del 2021 debido a la mayor actividad y ocupación. De esa manera, la tasa de empleo superó los niveles anteriores a la pandemia y la cuarentena, y alcanzó niveles récord, en buena medida por el incremento del empleo no registrado, que creció 3,5 puntos interanuales.
En ese marco, que ya empezó a notarse a fin de año, el Gobierno definió en diciembre una reducción por etapas de la doble indemnización. Así, además del resarcimiento correspondiente, estableció un incremento del 75% de ese monto, desde enero hasta el 28 de febrero, del 50% desde marzo hasta el 30 de abril, y del 25% desde mayo hasta el 30 de junio. A la vez que dejó sin efecto la prohibición de despidos sin causa, vigente desde marzo de 2022.
La suspensión de las cesantías fue adoptada al inicio de la pandemia y, junto con la disposición previa del aumento de las indemnizaciones por despido sin causa, formaron parte de las medidas para contener el aumento del desempleo desde 2019 y luego la crisis sanitaria. Por el Covid y las restricciones, se perdieron 4 millones de puestos de trabajo en 2020 y fueron recuperados recién en el tercer trimestre del año pasado.
Ya en enero de 2021, el Gobierno empezó a flexibilizar el esquema de emergencia laboral a través de decretos que excluyeron de ambos beneficios a las contrataciones posteriores al 13 de diciembre de 2019 y al sector público nacional. Y, por otra parte, fijó un tope de $ 500.000 para la duplicación de la indemnización, monto que se mantuvo vigente en diciembre pasado, cuando se decidió abandonar la emergencia ocupacional en forma gradual.
Es imprescindible que se prorrogue el Decreto de emergencia pública en materia ocupacional que estableció la prohibición de los despidos y la doble indemnización.
Las causas que le dieron origen no sólo no cesaron, sino que en algunos sectores se agravaron.— Héctor Pedro Recalde (@HPRecalde) June 28, 2022
En vista del fin de la medida, el exsenador y abogado laboralista, Héctor Recalde, advirtió en las últimas horas en su cuenta de Twitter que “es imprescindible que se prorrogue el Decreto de emergencia pública en materia ocupacional que estableció la prohibición de los despidos y la doble indemnización. Las causas que le dieron origen no sólo no cesaron, sino que en algunos sectores se agravaron”.
En el Gobierno no ven que las últimas medidas hayan incentivado despidos en el mercado de trabajo y en las empresas tampoco creen que haya grandes cambios a futuro, aunque algunos asesores corporativos reconocen que la reducción gradual de dicho beneficio fue un “estímulo” para acelerar salidas y redujo los costos de las compañías, ya que los empleados pasaron a percibir un resarcimiento menor.