Tras una larga agonía -que no se sabe si dura demasiado porque los funcionarios no saben cómo hacer su trabajo, o porque un grupo de burócratas estatales se niega a abandonar su posición de privilegio- el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se dispone a firmar el certificado de defunción de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana – Sociedad del Estado (CEAMSE).
Se terminaría de esta manera una concepción empresarial en la que tuvo preeminencia desde su fundación un diseño en el que sus clientes -los municipios del Área Metropolitana y la Ciudad de Buenos Aires-, y sus beneficiarios -los ciudadanos que habitan en la zona de influencia de la empresa estatal-, no fueron jamás tomados en cuenta, ni siquiera mínimamente.
Es curioso que CEAMSE haya sobrevivido tanto tiempo, basada en una estructura faraónica, más acorde con la época en la que fue fundada -en 1977- y que luego, como la salamandra, haya soportado indemne los fuegos de la furia privatizadora y de la reducción del estado que primaron en los ochenta.
Pero, más allá de una concepción empresarial o de otra, alrededor de la CEAMSE giran otros conflictos no menos serios. Casi todos los intendentes están convencidos de que los contratos relacionados con la basura compiten directamente con sus presupuestos en materia de salud y educación, por mencionar sólo a los más sensibles. Es por esto que todos ellos estarían dispuestos a asestarle a la empresa el "tiro del final". Ocurre que pagar un precio de alrededor de 15 pesos por tonelada significa un trágico derroche. Máxime si mientras tanto, en los alrededores del basural, los excluídos del banquete pugnan por entrar para recoger las sobras de comida para poder alimentarse.
Esta es una de las razones por las que en casi todos los partidos del conurbano existen basurales clandestinos, que son prohibidos de palabra por los intendentes, mientras que en las sombras los toleran o, más aún, los estimulan.
Otra razón de la crisis terminal en que se encuentra la CEAMSE debe ser atribuida a la morosidad de los socios, es decir, de los propios municipios del conurbano. Por estos días, la deuda de los municipios con la empresa creció casi rozar los 40 millones de pesos. La mitad de la deuda que mantenía la Ciudad de Buenos Aires con el organismo, en cambio, fue saldada -durante este año se pagaron 45 millones de pesos-, mientras que en los pagos en concepto de servicios, las autoridades porteñas aseguran estar al día.
ACUMULACIÓN DE PROBLEMAS
Tal como se acumulan las montañas de residuos, la CEAMSE acumula problemas. Hace algo menos de un mes, los vecinos de Avellaneda, encabezados por el intendente, Oscar Laborde, hicieron un piquete en la puerta del centro de disposición final de Villa Dominico para impedir que los camiones que transportan residuos siguieran volcando su carga en el lugar.
El destino alternativo que eligió CEAMSE para disponer de la basura que generan los ocho municipios del sur -Avellaneda, Quilmes, Lanús, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Almirante Brown, Berazategui y Florencio Varela- fue un centro ubicado en Quilmes. Pero -en el colmo de la mala fortuna- el intendente Fernando Geronés (UCR) presentó un amparo que le fue rápidamente concedido y quedó entonces vedado, aunque sea temporariamente.
Ya el 1º de octubre de 2002, el ministro de Gobierno, Federico Scarabino había denunciado que "la ecuación económica de CEAMSE no cierra". Por ese tiempo, los municipios le debían a la empresa alrededor de 30 millones y la Ciudad de Buenos Aires, 70 millones. Pero el propio funcionario hacía una alarmante advertencia: que, aunque la Ciudad de Buenos Aires pagara su deuda, no haría más que "estirar la agonía".
El ministro abría de esta manera la puerta para anunciar la inviabilidad de la CEAMSE que hoy el gobernador Felipe Solá plantea abiertamente, ya que la situación se fue agravando en los siete u ocho meses que transcurrieron desde la declaración de Scarabino.
CARLOS HURST HABLA DE "PERJUICIO"
El presidente de la CEAMSE, Carlos Hurst, en diálogo con NOTICIAS URBANAS, planteó, en primer término que "es incomprensible que los intendentes del conurbano no estén representados en el directorio de la empresa".
En relación al proyecto de ley en el que están trabajando en La Plata distintas áreas de gobierno para decidir el futuro de la empresa, Hurst planteó que no necesariamente se decidirá el fin de ésta, sino, posiblemente, su reformulación. "Sería la primera experiencia concreta de trabajo en conjunto de todas las jurisdicciones del Área Metropolitana", adelantó.
En cuanto a la tensa relación con el Gobierno porteño, Hurst prefirió no hablar de abuso, aunque aclaró que "en la Provincia de Buenos Aires sentimos que hubo perjuicio, porque siempre se enterró la basura en nuestro territorio y el crecimiento de las áreas urbanas alrededor de los centros de disposición final trajo muchos conflictos con la gente".
En el año 2002, los municipios del conurbano le pagaron a la CEAMSE alrededor de 11 pesos por tonelada, en tanto que la Ciudad pagó, en concepto de soterramiento y transporte, 28,28 pesos la tonelada. Aún cuando el transporte fuera muy caro, está claro que la Ciudad de Buenos Aires subsidia, de alguna manera, a los municipios del Área Metropolitana. O sea que los perjuicios de los habla Hurst, en todo caso, Buenos Aires los pagó muy caros.
UN NEGOCIO DE MÁS DE 80 MILLONES DE PESOS AL AÑO
La cifra que cobra Techint, el operador de los centros de disposición final, ronda los 80 millones de pesos anuales. En el año 2001, el concesionario operó 4.835.663 toneladas de residuos, que en el año 2002 se redujeron a 4.317.064 toneladas.
Los 31 municipios que atiende la empresa estatal generan unas 470 mil toneladas mensuales, que son destinadas a los cuatro centros de disposición final: Norte III, González Catán III, Villa Dominico -ahora desactivado- y Ensenada.
Los opositores al gobernador bonaerense Felipe Solá, en tanto, denunciaron que la empresa que tomaría el lugar de la CEAMSE podría realizar contratos sin pasar por los organismos de control, a la vez que podría tomar decisiones que no tengan en cuenta las normas ambientales.
La CEAMSE seguirá su marcha, de todas maneras, hasta el 31 de diciembre de 2003, al menos. En uno de los borradores del proyecto de ley se incluye la prohibición del ingreso de residuos generados "en jurisdicciones extrañas". Este punto se refiere, ineludiblemente, a la Ciudad de Buenos Aires, por lo que el conflicto habría alcanzado su punto máximo, mientras que las negociaciones siguen a un ritmo febril.
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Voceros de Gobierno porteño, entretanto, le manifestaron a NOTICIAS URBANAS que "queremos continuar con el ámbito de discusión y de trabajo en el que estamos trabajando en este momento. Nadie puede pensar en cambios drásticos de la noche a la mañana. Vamos a rediscutir el contrato, porque la CEAMSE debe ser mejorada, lo cual es algo que se puede -y se debe- hacer. Además queremos escuchar la opinión de nuestro socio, que es la Provincia de Buenos Aires. Estamos trabajando en conjunto sobre la solución del problema".
De todos modos, a pesar de cierto optimismo exagerado, el funcionario no dejó de reconocer su preocupación por la marcha de los acontecimientos. Por momentos pareciera que a las ciudades de La Plata y de Buenos Aires las separan mucho más que 40 kilómetros.
Buenos Aires, cuya ausencia en la mesa de la negociación en la que se está decidiendo el futuro de la empresa estatal, es clara, sería la víctima propiciatoria de la crisis de la CEAMSE, ya que no cuenta con lugares propios para disponer sus residuos y depende para eso de su socio devenido en enemigo íntimo.
En la tarde de este lunes debía reunirse la Legislatura provincial para tratar la disolución de la CEAMSE, pero la sesión se suspendió hasta la próxima semana. Mientras tanto, quedó flotando en el aire la acusación de la diputada Hebe Electra Febles (ARI) al diario Hoy, que denunció que "este negocio se reparte entre tres: radicales por un lado; peronistas por el otro; y la empresa Techint".
